Colombia: Santos y Uribe cada vez más distantes

Mucho se ha especulado del distanciamiento que existe entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su antecesor y mentor político, Álvaro Uribe. Desde que ocupó el despacho en la Casa de Nariño, las relaciones entre ambos líderes se han enfriado de una forma casi inesperada. Enfriamiento que se ha hecho evidente en los últimos días a raíz del debate que ha tenido lugar en el Congreso sobre el texto final del la “Ley de víctimas”, una iniciativa instada por el propio Santos para reparar y ayudar a las 4 millones de víctimas del conflicto guerrillero, independientemente de cuál bando haya sido el victimario. El “pero” de esta legislación es que la misma incluye el término de “conflicto armado” desde un contexto legal, lo que desató la reacción inmediata de Uribe e integrantes del gobernante Partido de la “U”, por considerar que tal gesto suponía darle un estatus de beligerancia a las FARC, lo que le otorgaría cierta legitimidad a la narcoguerrilla.

Durante los ocho años que duró el mandato de Álvaro Uribe, su Ejecutivo se negó a reconocer de forma oficial el problema interno que sufre Colombia desde hace más de 40 años, precisamente para evitar darle argumentos a los grupos armados ilegales que justificasen sus acciones. Con esta nueva ley, Santos no sólo da otro paso para “desuribizar” la política colombiana, sino que desestima una de las principales premisas del ex presidente colombiano: reconocer el conflicto es reconocer a las FARC.

Para Santos, admitir la guerra interna que padece el país desde hace décadas, no supone otra cosa que legitimar las acciones del Estado y la lucha contra la guerrilla. Por el contrario, de no reconocer esta realidad colombiana, de acuerdo con el presidente colombiano y los estatutos del Derecho Internacional, tanto él como Uribe irían a parar a la cárcel.

Es indudable que el “delfín” de Uribe quiere tomar su propio rumbo y desvincularse de la herencia política de su predecesor. Sin embargo, tal impulso podría llevar al propio Santos a un umbral de riesgo que ha de evaluar. La “Ley de víctimas” es una excelente medida para comenzar a sanar las profundas heridas de la sociedad colombiana, pero siempre que ello no suponga bajar la guardia y nublar la visión ante la verdadera realidad que precede el conflicto guerrillero.

Las FARC son un grupo narco-terrorista que ha sido catalogado como tal y no puede salir de esa nomenclatura. El texto de esta ley ha de ser explícito y contundente en ese sentido porque, de lo contrario, pueden quedar ciertos flecos sueltos con los que el Gobierno de Bogotá se puede enredar.