España no está intervenida. No lo está del todo, eso es, porque desde mayo de 2010 nuestra política económica depende de las órdenes que procedan de Bruselas, que acaba de dar unas nuevas.
Nos dice que se nos ha agotado el plazo para aprobar una reforma de la negociación colectiva. Tiene que ser ya y, en la práctica, tiene que dejar en la nada, o en muy poco, el sistema de convenios colectivos.
Alfredo Pérez Rubalcaba, en ese estilo tan personal, dijo el pasado viernes que el Gobierno puede aprobar una reforma “en quince minutos”. Eso está bien, porque tenía toda una semana para hacerlo. Pero eso sí, ni quince ni un minuto más. Eso es lo que le
ha advertido la Comisión Europea.
Pero no es el único recado que procede de la Comisión. También advierte de que nuestro país tiene que hacer más recortes. Lo hemos advertido desde estas crónicas. Aunque también es probable que el Gobierno no siga esa recomendación. ¿Por qué? El
Banco de España ha dicho que es posible alcanzar la
reducción del déficit al 6,0 por ciento en 2011. Es posible, pero ¿estamos encaminados hacia ella? Los últimos datos de ejecución presupuestaria del Estado hacen pensar que sí, pero la evolución de las cuentas autonómicas indica lo contrario. El Gobierno, no obstante, puede aferrarse a sus previsiones y a las palabras del Banco de España y evitar anunciar nuevos recortes antes de las elecciones. La ministra de Economía,
Elena Salgado, ya ha dicho en más de una ocasión que no son necesarios recortes adicionales. Pero las previsiones de la CE apuntan a un déficit a final de año del 6,3 por ciento. Tres décimas parecen poco, pero tres décimas del PIB son más de 30.000 millones, y una cantidad suficiente para hacer ver al mercado que España no tiene el control de su déficit.
Ahora bien, los datos de la contabilidad nacional llegarán a mediados de 2011. A tiempo para que, como ha advertido MAFO, gobernador del Banco de España, se arruine la débil confianza en el Estado español.
Unas décimas separan a España de la huida de capitales a la griega. Las tormentas financieras no entienden de plazos electorales, y también podría desatarse una en plena campaña. Por otro lado, Rubalcaba tendría más difícil presentarse ante sus potenciales electores con nuevos recortes de gasto. Lo cual permite pensar que el Gobierno puede animarse a introducir los recortes ahora, justificarlos por la aplicación de las indicaciones de la CE, y esperar a que el verano y el paso del tiempo borren la indignación del momento. En cualquier caso, el Gobierno no lo tiene fácil.
Quizá para hacérselo más fácil, la CE le ha precisado un programa de
reformas, con estos puntos:
1) Un
techo de gasto de las Comunidades Autónomas. En línea con lo propuesto por Mariano Rajoy dentro de su plan de estabilización autonómica. La CE reconoce que es necesaria "la estricta aplicación de los mecanismo de control del déficit y de la deuda para los Gobiernos regionales”.
2) Nuevas medidas de
ajuste del Estado en los
años 2011 y 2012 si (como esperan todos los analistas), no se cumplen las previsiones del Gobierno de crecimiento.
3)
Reducción de las cotizaciones sociales, con el objetivo de abaratar la contratación y favorecer el empleo. La insistencia de la patronal en este punto y la negativa del Gobierno a aceptarlo arruinó el diálogo social al comienzo de la segunda legislatura de Zapatero.
4) Para compensar la caída en la recaudación derivada del punto anterior, un
aumento del IVA y de los impuestos sobre la energía.
5)
Reforma laboral. Especialmente la negociación colectiva, pero también modificar las cláusulas de revisión salarial. Nada de subir los sueldos con el IPC.
6)
Cajas de ahorro. La Comisión exige "reforzar la reestructuración en marcha del sector de las cajas de ahorro afrontando los puntos débiles que quedan en su estructura de Gobierno".
Y aviso para los críticos con los recortes. El
FMI ha visitado Gran Bretaña. El gobierno de Cameron ha sido duramente criticado por su plan de recortes, y eso que es ligeramente menos duro que el que había previsto su antecesor. Una comisión de académicos decía que los recortes ahondan la recesión, que a su vez aminora los ingresos y compensa la caída en el gasto, con lo que el efecto sobre el déficit es nulo, cuando no negativo. Hay que ser muy académico para no tener en cuenta que hay un límite a la capacidad de gasto del Estado y no ver que ese límite se sobrepasó en Gran Bretaña hace ya mucho.
Es lo que entiende el FMI, que en su informe incide en que “la fuerte consolidación fiscal que se está implementando sigue siendo esencial para conseguir una situación presupuestaria sostenible, y deducir así riesgos fiscales”.