Las reformas en Marruecos consolidan el poder de Mohamed VI

La Comisión que ha estudiado la reforma de la Constitución en Marruecos, designada por el Palacio real, ha remitido este viernes su proyecto al rey Mohamed VI. El nuevo texto de la Ley fundamental será sometido a referéndum popular el próximo 1 de julio. Tras su asegurada aprobación, se disolverá el Parlamento y se convocarán elecciones generales para octubre.

El presidente de la Comisión, el jurista Abdeltif Menouni, entregó la copia del proyecto al monarca en el palacio que éste tiene en Uxda, localidad fronteriza con Argelia y que sufre del cierre de la frontera entre los dos países desde hace mas de 15 años. Le acompañaba el consejero real Mohamed Muatassim, verdadera eminencia gris del Palacio y presumiblemente árbitro y filtro en las propuestas que han emanado de la sociedad civil y de los partidos políticos sobre el alcance de la reforma.

El soberano alauita señaló en la audiencia que la nueva Carta Magna va a sentar “las bases de una gobernanza constitucional democrática”. Con estas siete palabras Mohamed VI ha sintetizado el conjunto de cambios que se van a operar en el país, y las concesiones que el monarca hace de sus regalías absolutistas. La esencia de la reforma consiste en permitir a la “soberanía popular” optar por los partidos políticos de su elección para constituir la futura Cámara baja del Parlamento. Del partido mayoritario en las elecciones saldrá el presidente del gobierno, que nombrará al conjunto de ministros que formen el Ejecutivo bajo su mando. El futuro Gobierno será responsable ante el rey y ante el Parlamento de la gestión de los asuntos internos del país, salvo los relacionados con la defensa, la seguridad, las relaciones internacionales, las orientaciones estratégicas y la estabilidad del país, que seguirán siendo prerrogativa del monarca. Lo mismo que la Justicia, que pasará a depender de un Consejo Superior del Poder Judicial que preside el rey.

La iniciativa real de las reformas ha cortado el efecto contagio que las revueltas árabes estaban teniendo en Marruecos desde hace cuatro meses. El Movimiento 20 de febrero, organizador de las movilizaciones populares – toleradas algunas veces, reprimidas con fuerza, otras – se ha quedado casi aislado en sus reivindicaciones pidiendo la formación de una Asamblea Constituyente elegida por los partidos políticos y la sociedad civil, cuya misión debería ser la redacción del nuevo texto de la Ley fundamental. De hecho, la jugarreta de designar a dedo una Comisión de revisión, ha motivado que dos partidos políticos legales, el de la Vanguardia Socialista (PADS) y el Congreso Nacional Ittihadi (CNI), así como la central sindical afiliada a la Unión Socialista de Fuerzas Populares, la CDT (Confederación Democrática del Trabajo) hayan dado portazo a la convocatoria hecha por el consejero real Moatassim para informar de viva voz a los representantes políticos del nuevo texto, pero sin darles copia del mismo.

El proyecto reformista, de cualquier manera, constituye un primer paso en el avance a un Estado de derecho, si bien se sitúa aún muy lejos de las expectativas suscitadas en la población marroquí por el proceso de cambios en el mundo árabe. Por el momento, es exagerado hablar de “monarquía parlamentaria, constitucional y democrática” como se ha insinuado en ciertos medios oficialistas en Marruecos haciendo un parangón con España.

Si en la Constitución española “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, cuya “forma política es la Monarquía parlamentaria”, no es el caso de Marruecos. La soberanía del pueblo marroquí se limita a elegir a su Gobierno para que gestione la economía, la educación, la salud, la problemática social y cultural. Pero no alcanza a pesar en los núcleos del poder. Si en España el Rey puede presidir la sesión del Consejo de Ministros, “a petición del Presidente de Gobierno”, en Marruecos, es al revés: el presidente del gobierno podrá presidir el Consejo de Ministros “por delegación del rey”.

Un capítulo importante sin embargo lo constituye la eliminación de “la sacralidad del rey” como estipulaba la anterior Constitución. En la nueva, la persona del Rey será, al igual que en la Constitución española, “inviolable”. Es decir, que el monarca no podrá ser juzgado por sus actos por ningún tipo de tribunal. En España tampoco, aunque en el caso español sí pueden ser juzgados por los actos cometidos por el Rey aquellos que han refrendado los mismos, sea el presidente del Gobierno o del Parlamento.

La principal reivindicación de los diferentes movimientos y asociaciones bereberes en Marruecos será igualmente satisfecha. La lengua tamazigh será oficial junto con la lengua árabe. Mohamed VI ha manifestado durante todo su reinado una sensibilidad mucho más cercana a esta exigencia popular que su padre Hassan II, del que los rifeños guardan infausta memoria por la represión implacable a la que sometió a las poblaciones del norte de Marruecos durante los levantamientos populares ocurridos durante los cuatro decenios de su reinado.

En cuanto al control del aparato de seguridad y defensa, en Marruecos seguirá siendo prerrogativa del rey, por medio de un nuevo órgano denominado Consejo Nacional de Seguridad. En España, tanto el ministro de la Defensa, como el del Interior, como los responsables de los diferentes servicios de seguridad, pueden ser convocados por el Parlamento al que rinden cuentas. En Marruecos no. La seguridad es privativa del rey. Los diferentes servicios, internos (DST) y externos (DGED), espionaje, contra-espionaje, seguridad militar, Gendarmeria, Fuerzas Auxiliares, todos ellos quedaran bajo el mando y supervisión real.

Esta concentración del poder securitario ha sido precisamente el detonante que ha llevado a que el periodista Rachid Nini, director del periódico en lengua árabe Al Masae, el mas leído en el país, haya sido condenado a un año de cárcel por un tribunal de Casablanca. Nini se atrevió a denunciar públicamente las prácticas antiterroristas de las fuerzas de seguridad del Estado, así como los juicios sin garantías llevados a cabo por la Justicia en asuntos relacionados con el yihadismo salafista. El director de Al Masae fue detenido el 28 de abril tras publicar en el cotidiano una serie de artículos muy críticos con el aparato de la seguridad del Estado. Nini llevo su osadía incluso hasta proponer que los servicios de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST), la policía política interna, rindiesen cuentas ante el Parlamento, algo que la incipiente democracia marroquí simplemente no puede soportar. Lo que le ha valido un juicio y una condena “por menosprecio a la Justicia”.