El despropósito del Constitucional

La dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional aporta un nuevo argumento a los que piensan que la clase política en España es un problema. El mandato de Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado expiró el pasado año, sin que los dos principales partidos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en la elección de sus sustitutos. No obstante, en honor a la verdad hay que decir que la mayor cuota de responsabilidad corresponde a los socialistas, por cuanto éstos se han dedicado a torpedear sistemáticamente todos y cada uno de los nombres propuestos por los populares, ponderando más afinidad política en detrimento de valía jurídica.

De hecho, ése es precisamente uno de los principales problemas del socialismo actual; se prima la mediocridad y la disciplina partidaria a costa de la valía profesional. Y en su afán por politizar la justicia, han coadyuvado de manera decisiva en arrojar la sombra del descrédito en un Tribunal Constitucional marcado desde la sentencia del Estatut -por citar sólo uno de sus polémicos fallos-. Antes de eso, los tres magistrados ahora salientes debían haber dimitido. Eso habría puesto de relieve la situación de provisionalidad en que se hallaban y, de paso, les habría descargado algo de la enorme presión a que estuvieron sometidos. Con todo, ellos también tienen su cuota de responsabilidad -tanto por acción como por omisión- de la calamitosa situación que vive el Constitucional.

Una situación que, por otra parte, deja por los suelos la credibilidad de España. Es un mal indicador que una institución tan importante de semejantes muestras de convulsión, fruto de la inestabilidad política actual. Y ese tipo de indicadores no suelen gustar nada a los mercados financieros, que ven a nuestro país como un lugar donde puede acamparse en plena calle por encima de la ley y donde las estructuras del estado adolecen de la más mínima solvencia.