Política de la Junta de Andalucía: clientelismo y atraso

Cuando creíamos agotada nuestra capacidad de sorpresa ante el grado de improvisación, ineptitud y componenda de la clase política que nos ha gobernado los últimos años, no dejan de salir a la luz nuevos casos de chanchullos que producen aún más asombro e indignación. Este es el caso de las alegaciones que acaba de presentar la Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, tratando de frenar las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante años, la Junta andaluza fue contratando a dedo empleados que han llegado a constituir prácticamente una administración paralela de más de 20.000 trabajadores. Tanto el anterior presidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Chaves, como el actual, José Antonio Griñán, han engrosado día a día esa bolsa administrativa con nombramientos realizados por amiguismo y vinculación política, dejando de lado los más elementales mecanismos establecidos para contratar funcionarios por criterios de mérito y competencia profesional.

Para encubrir ese desaguisado, la Junta de Andalucía decidió enfangarse en otro mayor, decretando una Ley de Reordenación del Sector Público en Andalucía, a través de la cual convertía en fijos a esos 20.000 empleados que se contrataron mediante el más descarado enchufismo. Un desafuero jurídica –y justamente- contestado por los funcionarios de carrera. El último paso dado por la Junta en esta carrera de despropósitos ha sido su intento de impedir la actuación del Tribunal Superior de Justicia andaluz alegando que “hay vidas humanas en juego” y que paralizar la Ley crearía una “alarma generalizada”. Ante la obvia falta de argumentos, las alegaciones de la Junta insisten en que la intervención de la Justicia dejaría a esos cientos de miles de empleados en una completa inseguridad jurídica.

Habría que hacer ver al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía que la verdadera inseguridad jurídica se produciría si los tribunales no interviniesen ante casos tan descarados de clientelismo. También sería necesario recordar a las autoridades andaluzas que son ellas las responsables de la incertidumbre creada a estos trabajadores a través de sus métodos irresponsables de administrar. Un comportamiento así nos retrotrae a siglos atrás, cuando los empleados públicos dependían del favoritismo del partido gobernante de turno y nos lleva a un mundo primitivo de “pretendientes”, a la caza del favor político en forma de un puesto en la administración, y “cesantes” que perdían el empleo cuando sus padrinos políticos dejaban de sostenerlos, figuras dramáticas tan bien retratadas por Benito Pérez Galdós en novelas como Tormento, La desheredada o Miau. La denuncia de Galdós y otros intelectuales de aquella administración basada en el favoritismo, en lugar de la profesionalidad, terminó cuando el Estatuto Maura de 1918 reguló la Función Pública para seleccionar los cuerpos administrativos con arreglo a criterios profesionales y mantenerla aparte de los vaivenes electorales.

Con sus recientes alegaciones, la clase política que está gobernando la Junta de Andalucía ha demostrado actuar con una mentalidad de hace un siglo. Ha creado un entramado de 350 empresas públicas que cuestan más de 5.000 millones de euros contratando un altísimo número de trabajadores con arreglo a su capricho, menospreciando los derechos de quienes obtuvieron su plaza de funcionarios mediante unas legítimas pruebas y oposiciones públicas. Autoproclamada como garantía de la modernidad, esta clase política ha resultado ser costosamente retrógrada. Porque la incompetencia y el caciquismo siempre son retrógrados.