Troy Davis, más allá de la duda razonable

Escribir sobre Troy Davis precisamente hoy, cuando es muy probable que falten sólo unas pocas horas para que sea ejecutado en cumplimiento de la sentencia de muerte dictada hace 20 años, produce un escalofrío que pretende unirse al casi un millón de firmas recogidas a través de Internet por Amnistía Internacional en un desesperado intento de detener, una vez más, la forma de castigo más cruel e incomprensible que existe. Lo cierto es que en Europa la pena de muerte nunca se ha visto con buenos ojos, pero en el caso de Davis la reacción internacional ha sido más intensa que en otras ocasiones y ha originado que estados como Francia hayan pedido públicamente que se suspenda la ejecución. Lo han exigido también voces de personajes reconocidos mundialmente como el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, el arzobispo sudafricano Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, el Papa Benedicto XVI o el ex director del FBI William Sessions.

Sin embargo, con el reloj trágicamente en marcha, ninguna de estas peticiones han servido para hacer cambiar de opinión a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Georgia, que ayer denegó la última petición de clemencia con la que los abogados del afroamericano de 42 años condenado por asesinato pretendían in extremis detener su ejecución. Tampoco podrán esperarse en este caso secuencias tan cinematográficas como las que alternan primeros planos de un teléfono adosado a la pared, a través del cual se confía que llegue el perdón o por lo menos un retraso, con otros del preso a punto de morir a manos de la implacable justicia del ojo por ojo, porque Georgia es uno de los tres estados norteamericanos con pena de muerte en los que el gobernador no tiene potestad para detener el pinchazo letal. De modo que cerca de la prisión situada a las afueras de Atlanta donde pasa sus probablemente últimas horas Troy Davis, los ánimos ya están muy castigados y sólo unos pocos siguen esperando un milagro. Tampoco el llamamiento de la Unión de Libertades Civiles para que el personal penitenciario de Georgia convocara para hoy una huelga general ha servido para nada.

Troy Davis, por su parte, ha declinado el espeluznante ofrecimiento de una última cena y ha preferido continuar sin tirar la toalla con la que se ha secado el sudor de dos décadas en el corredor, clamado por su inocencia. A través de Amnistía Internacional, Davis aseguraba hoy en Facebook que “La justicia no se acaba conmigo” y animaba a seguir luchando contra una pena de la que ya están pendientes otros 3.251 reos en Norteamérica y la última noticia que llega desde allí a esta hora recoge su petición para que se le someta al polígrafo que logre probar su inocencia. Y es que el suyo es uno de esos casos en los que la carga de la prueba realiza una peligrosa pirueta que nos deja a la mayoría sin aliento, intentando adivinar dónde quedó eso de que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Porque la movilización a gran escala internacional que ha producido la ya inminente ejecución de Davis se sostiene en algo tan obvio y tan básico como la duda razonable. Fueron precisamente las dudas siempre en aumento que iban apareciendo en su caso las que con anterioridad obligaron a esa misma Junta de Indultos a detener la ejecución, no en una sino en dos ocasiones. Parece que ahora, a la tercera, va la vencida.

Sin embargo, ante algo tan definitivo como la muerte, la justicia debería poder quitarse la venda de los ojos. Justicia ciega sí, pero no cegatona. Desde que en 1991 se sentenció a Davis por la muerte del agente de policía Mark MacPhail en agosto de 1989, no sólo han aparecido numerosas dudas acerca de su culpabilidad, también varios de los miembros del jurado que le condenaron inicialmente han cambiado de parecer y así lo han afirmado públicamente. Nunca se halló el arma del crimen, siete de los nueve testigos en su contra se han retractado, llegando a declarar que fueron coaccionados por la Policía, y no se encontraron huellas o restos de ADN pertenecientes a Davis en la escena del crimen. El problema es que, a diferencia de los libros de John Grisham, tampoco han aparecido pruebas físicas que permitan dirigir la jeringuilla hacia otro culpable que le sustituya en la camilla mortal a la hora de ofrecer el martirio de sangre que exige la familia del policía asesinado, la cual, harta de tanta polémica, ha asegurado que lo que quieren es que Troy Davis muera cuanto antes, igual que murió su padre. ¿Sin certezas? ¿Sin tener en cuenta que desde que Davis fue juzgado se ha excarcelado a más de 200 condenados tras demostrarse su inocencia, después de haber sido declarados culpables más allá de la duda razonable? ¿Exponiendo la propia conciencia a la posibilidad de que aparezca alguien un día para confesar arrepentido el asesinato? Está claro que, como han manifestado ante las cámaras los hijos de MacPhail, ellos son indudablemente las víctimas, pero cabría también dejar bien sentado, más allá de cualquier duda razonable, que Troy es el verdadero culpable. Aunque para ello haya que seguir esperando.