En democracia lo esencial no se discute

Mal futuro político tiene una nación si discute los pilares del Estado democrático. Es cierto que la democracia se fundamenta en la libre discusión y en evitar los dogmatismos, no admite pues tabúes y la libertad de pensamiento debe llegar a todos los rincones. Dicho esto, no es menos cierto que hay determinados principios básicos del Estado democrático que no son discutibles, que no se pueden poner en duda y mucho menos atacar. Se podría afirmar que en democracia se puede debatir casi todo, pero no la propia esencia de la democracia, pues este camino nos aproximaría peligrosamente a regímenes autoritarios y dictatoriales. La pregunta pertinente ahora sería, ¿cuál es la esencia de la democracia?

Siendo una pregunta de no fácil respuesta, básicamente destacaría tres principios: 1. El principio de legalidad; 2. La defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas; 3. La separación de poderes -destacando la independencia del poder judicial-. Posiblemente podríamos añadir otros principios importantes, pero estimo que los tres apuntados son ineludibles para la existencia de un verdadero Estado democrático. Si un Estado democrático comienza a discutir sobre la conveniencia de mantener los tres principios señalados, desde mi perspectiva se empiezan a encender peligrosas luces rojas que indican que avanzamos por un camino equivocado, que nos puede llevar a perder lo que entre todos hemos logrado en estas más de tres décadas de vivencia democrática. En la vida democrática uno no se puede relajar, la democracia es un trabajo de perseverancia y atención constante, la historia nos ha demostrado en numerosas ocasiones que la relajación nos lleva al retroceso. ¿Puede estar sucediéndonos esto en España?

No es bueno confundir el deseo con la realidad, pero lamentablemente se están dando unos hechos que cuanto menos me preocupan. En primer lugar la falta de respeto y acatamiento de las sentencias de los Tribunales. No hay democracia sin Estado de Derecho y no hay Estado de Derecho sin respeto por las resoluciones de los jueces. En este sentido es alarmante y totalmente inaceptable que determinados responsables públicos no acaten y cumplan las sentencias de nuestros Tribunales. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha obligado a la Generalidad de Cataluña a aplicar las Sentencias del Tribunal Supremo y modificar así el actual e inconstitucional sistema educativo que tiene al catalán como lengua vehicular.

A mí el nacionalismo nunca me ha gustado, estoy de acuerdo con Einstein cuando señalaba que es el “sarampión de la humanidad”, Bertrand Russell en sus Principios de Reconstrucción Social ya criticaba la educación nacionalista como el perfecto caldo de cultivo para la Primera Guerra Mundial, la opinión de Ortega y Gasset sobre el nacionalismo tampoco era mucho mejor, Hanna Arendt igualmente está en una línea similar. Cuando casi todo se argumenta en base a una supercausa superior que todo lo justifica como la Nación, la Raza, la Historia, etc., la persona y sus derechos individuales empiezan a tener serios problemas. Es difícil convivir con el nacionalismo, pero totalmente imposible cuando el nacionalismo antepone su ideología a los principios democráticos. Aquí debemos ser muy claros: o nacionalismo o democracia, y el respeto a las sentencias de los tribunales es la esencia de cualquier régimen democrático. Lamentablemente el nacionalismo ya ha mostrado en otras ocasiones cierta aversión a las sentencias de los Tribunales. Atutxa, siendo presidente del Parlamento Vasco, se negó a aplicar la Sentencia de 17 de marzo de 2003 del Tribunal Supremo que ordenaba la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. El propio Tribunal Supremo condena a Atutxa en enero de 2008. El Estado democrático de Derecho no debe tener complejos y debe actuar con la firmeza que da el saber que fuera de él hace mucho, pero mucho frio.

Otro día dedicaremos unas líneas a otro hecho que nuevamente demuestra que volvemos a discutir lo fundamental de la democracia, en este caso concreto los derechos fundamentales y más específicamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libre información, ambos regulados en el artículo 20.1 de nuestra Constitución. Que el Partido Popular y CiU hayan votado a favor de que los consejeros del ente público de RTVE supervisen su trabajo y que el PSOE se haya abstenido mirando para otro lado, es otra muestra más del delicado estado en que está nuestra democracia y de lo atentos que tenemos que estar para seguir velando por su salud. Que nadie se equivoque, el 20 de noviembre nos jugamos más que nuestro futuro económico y hay que pensar muy bien cuál es el verdadero voto útil.