Secuestrar españoles: impunidad y rentabilidad

De nuevo la sociedad española se ve conmovida por el drama de unos compatriotas secuestrados y amenazados de muerte por delincuentes dispuestos a chantajear a nuestro Gobierno. Son ya muchos los casos análogos que sufrimos de un modo consecutivo. Esta vez hemos de lamentar el secuestro de dos cooperantes españolas: Montserrat Serra Ridao, natural de Gerona, y la madrileña Blanca Thiebaut, capturadas en el campo de refugiados Dadaab, en Kenia, por los milicianos de Al Shabad, integrados en la red de Al Qaeda. Las últimas informaciones señalan que ambas cooperantes de la Ong Médicos Sin Fronteras han sido trasladadas por sus raptores a territorio de Somalia, en una zona aún más peligrosa y de difícil acceso, batida por el conflicto bélico entre soldados keniatas y somalíes y milicias islamistas.

La lentitud en reaccionar ha facilitado que se produzca esta nueva dificultad añadida que complica todavía más, si cabe, la gravedad inicial del hecho. La reacción del Gobierno español parece calcar punto por punto los mismos errores cometidos en los ya abundantes casos anteriores, que se resumen en extremar el silencio frente a la opinión pública mientras contacta con los terroristas para acceder a sus demandas y pagar un elevadísimo rescate que siempre es negado ante la opinión pública. Está fuera de toda duda de que debe primar el objetivo de salvar las vidas de las personas secuestradas, pero no a costa de fortalecer a las organizaciones criminales y grupos terroristas que se financian con este tipo de hechos delictivos. La reiteración de sucesos similares debería haber llevado a reflexionar a las autoridades españolas sobre el procedimiento a seguir y tener listos otros mecanismos de actuación que no sean simplemente doblegarse ante las organizaciones del terror, enviándoles el mensaje que secuestrar españoles es menos peligroso que rentable.

Habría que tener muy presente que las fortunas entregadas en cada rescate robustecen a la delincuencia terrorista, que podrá dotarse de una organización más eficaz y de mejor armamento para multiplicar sus actos criminales. El país que claudica se señala a sí mismo y señala a sus ciudadanos como una presa fácil sobre la que volverá a caer la zarpa de los delincuentes, que rehuirán actuar contra ciudadanos de países que sí les hacen frente. Quizá aquí encontremos una de las razones por la que España es una víctima habitual de sucesos de esta clase, pues ha perdido capacidad de disuasión.

Ayer mismo, el barco Alakrana, víctima de un cruel secuestro, evitó caer en idéntica situación no precisamente porque dialogase o colaborase con el grupo de delincuentes que lo abordaba, sino porque repelió el asalto con el fuego de la seguridad privada que, esta vez sí, le custodiaba. Cuando las medidas preventivas fallan, es necesario que nuestras autoridades tengan previstos acuerdos diplomáticos para que fuerzas españolas colaboren en el rescate de las víctimas y faciliten la captura y castigo de los criminales que hayan participado en la comisión del delito.

En el caso de entregar rescates, y una vez a salvo la vida de los secuestrados, deberían ponerse en marcha todos los mecanismos para recuperar el dinero entregado y evitar que éste financie nuevos actos de terror. De no hacerse es tanto como colocarse una diana a sí mismo. Financiación e impunidad son dos factores que aseguran la reiteración de futuras acciones delictivas contra nuestros ciudadanos, cuando el mensaje que debe enviarse es exactamente el contrario: que ningún acto criminal será lucrativo ni quedará impune.