Los abogados de Sevilla defienden al juez Rafael Tirado

Gallardo ha señalado que esta situación es fruto de la "desidia" de todos los gobiernos de la democracia, ya que "la triste realidad es que nuestros políticos no se han interesado nunca seriamente por la administración de Justicia".

Ese abandono "nos ha llevado a la actual situación, que por fin se ha evidenciado clamorosamente ante la opinión pública con la muerte de la niña Mari Luz y la concatenación de irregularidades que ha evidenciado".

La falta grave de desatención que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) imputa a Tirado "es lógica y obligada, dada la gravedad objetiva de los hechos que se le imputan", pero Gallardo ha añadido que espera que "en su día ese expediente se resuelva satisfactoriamente para él porque el juez "cuenta con el apoyo de los abogados, que somos testigos directos de su buen hacer como magistrado".

Las irregularidades que han concurrido en este caso "no son imputables a su persona, sino consecuencia de las graves deficiencias del sistema", cree Gallardo.

El decano de los abogados ha manifestado que "no sería justo responsabilizarle personalmente del cúmulo de responsabilidades difusas que concurren en este caso".

En ese sentido, ha dicho que son los gobiernos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Manuel Chaves en Andalucía "quienes incurren en una falta muy grave de desatención a la Justicia", por lo que Gallardo entiende que "este preciso momento debe ser el punto de inflexión en la patética situación de la administración de Justicia".

Ambos presidentes "deberían comprometerse públicamente a modernizar la Justicia en las legislaturas que ahora se inician", ha añadido.

Según Gallardo, el Colegio de Abogados sevillano "viene clamando en el desierto desde hace años y ahora, por primera vez, ese clamor se ha generalizado a toda la sociedad española e incluso a sectores del ámbito judicial que tradicionalmente han venido manteniendo silencio".

"Este escándalo debe traducirse en que se afronte seriamente una reforma estructural en profundidad para que podamos saltar desde la Justicia del siglo XIX que padecemos actualmente, a una administración del siglo XXI que preste con decoro y dignidad el servicio público que los ciudadanos merecen", ha declarado.

El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto la apertura de un expediente por una falta muy grave de desatención a Tirado, que no vigiló la ejecución de una sentencia que condenaba por abusos a su hija al detenido por la muerte de la niña Mari Luz Cortés.