fuga de capitales

Los argentinos cada vez tienen más difícil acceder al dólar estadounidense. El Gobierno de la presidenta Cristina Fernñandez, ha aumentado las restricciones para la compra de esta divisa, al punto que los ciudadanos que deseen viajar al extranjero sólo podrán comprar la moneda del país de destino. La medida responde a la política de control cambiario impuesta por el Ejecutivo de Buenos Aires el pasado mes de octubre con el propósito de evitar la fuga de capitales.

El gobierno argentino quiere meter en cintura su economía y protegerla de un eventual coletazo de la crisis global, por lo que ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas para establecer un mayor control fiscal y evitar la fuga de capitales. Una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Cristina Fernández es el retiro de subsidios por parte del Estado a grandes empresas productoras de combustibles, biocombustibles, gas natural, aceites y agroquímicos, y a los consumos de servicios públicos en sectores residenciales de altos ingresos.

Los inversores han vuelto a confiar en España, que en el mes de septiembre ha registrado entradas netas de capital por valor de 30.997,9 millones de euros, frente a las salidas de capital que ha registrado en los últimos 14 meses. Así se desprende de la balanza de pagos que elabora el Banco de España, que arroja por primera vez desde junio de 2011 un saldo positivo en entradas de capital en inversiones directas, inversiones de cartera, acciones y bonos, y otras inversiones. Además, la cifra contrasta con la registrada un año antes, cuando España registró salidas de capital por valor de 7.908,1 millones de euros.

Lo que comenzó como una iniciativa para ofrecer pública y gratuitamente la transmisión de la liga de fútbol argentino, se ha convertido en un escándalo económico que podría hacer mella en la imagen de la presidenta Cristina Fernández. En los tres años que lleva en vigor el programa “Fútbol para todos” el Estado ha despilfarrado 3.997 millones de pesos, lo que equivale a la cifra de 719 millones de euros, echados al “water” en un país que actualmente afronta una acusada retracción de las cuestas públicas y un duro control de divisas.