ley de medios

El Grupo Clarín ha amenazado con denunciar al Gobierno de Argentina por desobediencia judicial, luego de que las autoridades iniciaran el desmantelamiento del conglomerado mediático, a pesar de que la justicia de ese país ordenó la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios. Una normativa que ha encendido las voces de alarma dentro de la prensa independiente de la nación suramericana.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inició este lunes su sexto año de mandato con un revés judicial para su Gobierno, debido a que la Corte Suprema le negó un recurso en medio de la puja con el grupo Clarín por la ley de medios audiovisuales. Una situación que cierra un año de legislatura marcado por el descontento social a causa de los controles fiscales impuestos por el Ejecutivo, el conflicto sindical, el incremento de la inflación y la inseguridad en el país suramericano.

La tensión entre la prensa boliviana y el presidente Evo Morales se agudizó este jueves con una inédita protesta de numerosos diarios que advirtieron al unísono en sus portadas que "Sin libertad de expresión no hay democracia", más el aumento de los periodistas en huelga de hambre a medio centenar.

El Parlamento argentino aprobó esta madrugada un polémico proyecto de ley de servicios audiovisuales impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández tras un intenso debate que se prolongó durante más de 13 horas y que terminó con la retirada de la oposición para no participar en la votación.

El Gobierno argentino ha notificado este lunes al Grupo Clarín, el principal conglomerado de medios de comunicación del país, el inicio de un proceso por el cual deberá desprenderse de parte de sus licencias, en cumplimiento de la polémica Ley de Medios.

La Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina ordenó este jueves prorrogar la suspensión temporal de la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios, que determina el número de licencias que puede tener cada medio de comunicación en ese país. El fallo supone un varapalo para el Gobierno de Cristina Fernández y un respiro para el Grupo Clarín, ya que la entrada en vigor de la normativa permitiría a las autoridades argentinas arrebatar varios diarios pertenecientes a la compañía, cuya línea editorial le ha valido numerosos conflictos con el Ejecutivo.

En un nuevo desafío al Gobierno argentino, el vicepresidente Julio Cobos convocó a líderes opositores para definir una posición común sobre el polémico proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que es rechazado por grandes medios que ven amenazados sus intereses.