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El suceso del caníbal de Miami ha conmocionado a la población de medio mundo y ha avivado la imaginación de los adeptos del mundo Zombi. Las red y los nuevos smartphones son el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de manuales de uso, herramientas y aplicaciones para sobrevivir a un ataque zombi.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resalta la "importante carga adicional de trabajo" para los Juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet. Así lo pone de manifiesto en su informe al anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial y en la que avala que sea la Audiencia Nacional la que decida sobre el cierre de páginas web.

El cierre o bloqueo de páginas web que infrinjan la legalidad requerirá de una orden judicial previa, según lo acordado este viernes en Consejo de Ministros. El órgano encargado de autorizar estas acciones es la Audiencia Nacional, no sin antes, como ha especificado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Flicker se lleva el puesto número uno en la lista de los 50 mejores sitios de Internet de la revista Time, seguida de cerca por webs como California Coastline o Delicious.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que "sólo un juez puede decidir si se cierra una página" web, y ha añadido que si esa decisión la tomase el Ministerio de Cultura volveríamos a la "Inquisición".

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, considera que las medidas antipiratería propuestas por el Gobierno son "un atajo para sortear un asunto al que la Justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería".

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró que el Gobierno adoptará una fórmula sobre el cierre de las páginas web que descarguen sin permiso archivos protegidos que "satisfaga a todas las partes", aunque evitó adelantar si la opción del Ejecutivo pasa por exigir una autorización judicial previa.