El Gobierno cierra el agujero de la morosidad

Este es uno de los grandes problemas de centenares de miles si no de millones de españoles. Trabajan, hacen inversiones, gastan dinero por prestar un servicio, y luego el ayuntamiento de turno no paga. O le pone en una cola en la que su número sonará dentro de meses o incluso de varios años. Con datos de 2010, la magnitud del problema suma 48.000 millones de euros, sin contar los intereses de demora.

El Gobierno anunció que arbitraría un plan para atender la situación de centenares de miles de empresas y autónomos que viven financieramente ahogados por el pertinaz impago de las administraciones públicas; principalmente comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuando no pueden más, reducen la plantilla, dejan de pagar las nóminas, o cierran la empresa. Pero por el momento ha adelantado pocas cosas.

Lo más importante es que las administraciones tienen de plazo hasta el 15 de marzo para presentar un listado con las facturas sin pagar. Y que el último día del mismo mes tendrán que presentar un plan de ajuste. Estos anuncios no colman los mayores deseos de Pymes y autónomos, pero tiene lógica. Antes de poner el dinero, el Gobierno quiere 1) saber cuál es la situación, y 2) que las administraciones morosas “se pongan las pilas”.

El Gobierno permitirá que haya quitas. Y, en un chantaje poco defendible, arbitra que los proveedores que acepten quitas tengan preferencia en el cobro frente a los que insisten en cobrar todo lo que se les debe.

Bien, pero ¿cuándo se empieza a cobrar? Los primeros afortunados intercambiarán sus facturas por euros en mayo, no antes. Y, dado el volumen de la deuda y la complejidad del proceso, cabe pensar que el grueso de los pagos se realizarán en el tercer trimestre del año. Ahora bien, ¿cómo se produce el milagro del pago?

La mecánica, por lo que ha adelantado el Gobierno hasta el momento, es la siguiente: El proveedor acude a un banco con una factura. El banco la acepta y la paga de inmediato. Con una comisión del 6 por ciento, eso sí. El banco va entonces contra la administración morosa. Si ésta paga, se cierra el asunto. Pero si no es así, entonces recurre al aval del Estado, que satisface entonces el pago al banco.

En una segunda ronda, es el Estado quien carga contra la administración autonómica o local. Tiene un as en la manga: En el ejercicio siguiente le basta con descontar la cantidad adeudada de los fondos que le transfiere a esa administración.

En resumen: Los proveedores van a cobrar a mediados de este año, y las administraciones van a pagar en el año que viene. Y, de intermediarios, estarán los bancos, ganando dinero, y el Estado, perdiéndolo.

Pero no todo está claro. En primer lugar, ¿cómo sabrá el banco que la factura que le presentan no está endosada en otra entidad? Y ¿Cómo cobrará el proveedor los intereses de demora? Eso queda para otro Consejo de Ministros.