¿Están abusando los ayuntamientos de medidas recaudatorias?

En los últimos meses, los consistorios de diversas provincias y Comunidades Autónomas españolas están dando luz verde a nuevas normas ciudadanas con sanción en caso de incumplimiento. Aunque las medidas se anuncian como mejoras en los servicios o erradicación de deficiencias o problemas en las ciudades, la sombra del afán recaudatorio sobrevuela en momentos de grandes dificultades económicas en los Ayuntamientos.

El último ejemplo se ha conocido esta misma semana en Valladolid, donde la modificación de la Ordenanza Municipal de Protección de Convivencia Ciudadana, aprobada este martes por el pleno municipal, regula, entre otras cosas, la mendicidad, que será sancionada con 750 euros y, en casos de actitudes coactivas o de acoso, hasta con 1.500.

En el nuevo texto se cita, además, que "ninguna persona podrá estar desnuda o semidesnuda en los espacios y vías de uso público", por lo que la multa será de 750 euros, ni en bañador o prenda similar salvo en piscinas, playas u otro lugar en el que se pueda llevar esa vestimenta.

Por último, las acampadas en los espacios públicos pueden considerarse infracciones muy graves, si no existe autorización y se perturba la convivencia, y se sancionarán con hasta 300 euros, o graves con hasta 1.500. Diversas plataformas ciudadanos vallisoletanas y algunos grupos políticos ya han calificado la norma como “antisocial”.

Albacete es otra de las provincias donde las normas y sus consecuentes multas se han multiplicado este mes de marzo. A partir del día 22, la prostitución en la calle y el botellón quedan prohibidos y quienes lo practiquen podrán ser sancionados con multas de hasta 3.000 euros.

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, ha insistido en que no se trata de una medida "con afán recaudatorio" sino para evitar "el consumo masivo de alcohol entre los jóvenes los fines de semana".

La persecución de la prostitución callejera también será uno de los principales objetivos en Cataluña, donde la futura ley de derechos y deberes del espacio público –que será aprobada a finales de año- prevé introducir como "infracción administrativa" el ejercicio de la prostitución en las calles de los municipios.

El aparcamiento se complica
Uno de los clásicos motivos de enfrentamiento entre ciudadanía y administraciones lo componen los famosos parquímetros, que se han ido expandiendo hacia fuera desde los primigenios en los centros de las grandes capitales.

En Madrid, a partir de verano, se ampliará en una hora (hasta las 21.00) el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), según informó la alcaldesa madrileña Ana Botella, en un terreno previamente pisado por su antecedor Alberto Ruiz Gallardón. Además, se incrementará en un 10 por ciento la tarifa de los parquímetros en el centro de la ciudad, futura Zona de Bajas Emisiones.

Pero los ciudadanos de la capital no son los únicos que se verán sometidos a una mayor presión a la hora de aparcar el coche. La posibilidad de extender la zona azul de aparcamiento a todos los barrios de Zaragoza está siendo estudiada por el consistorio. Aún no hay fechas definidas, pero ya se están estudiando pros y contras. Descongestión e incremento de los ingresos municipales, en un lado de la balanza. Dificultades técnicas y jurídicas y más gasto para los ciudadanos, en el otro.

En Santander también se enfrentan a una ampliación de la OLA, la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento, que se expandirá a diversas zonas hasta ocupar 2.230 plazas más. Más de 2.000 ciudadanos deberán pagar la tarjeta de la OLA (27,85 euros al año para residentes) si quieren aparcar en sus barrios. Para el gobierno regional, una medida de reducción de la contaminación y el tráfico. Para la oposición y los ciudadanos, una medida recaudatoria más.

El ruido también recauda
En aproximadamente una semana, la zona centro de Madrid será declarada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), un status que obligará a los bares de zonas de ocio como Chueca, Latina, Huertas y Malasaña a cerrar a las dos de la mañana.

Aún no se han establecido las multas que se impondrán a los establecimientos que rebasen ese horario, pero según legislación ya existente, la cantidad puede oscilar entre los 600 y los 30.000 euros, incrementándose en caso de reincidencia.

Esta nueva normativa se suma a la polémica Ordenanza contra el Ruido, que cumple ahora un año, y que sanciona a los ciudadanos que, a partir de las 23.00 horas y hasta las 7.00, hagan ruido en la calle.

Donde ya han percibido la rentabilidad del ruido en las zonas de ocio nocturno para la recaudación pública a través de multas y sanciones es en Cuenca. Allí, la Agrupación de Hostelería asegura estar viviendo un cambio “radical” y “desproporcionado” en lo que se refiere a demandas y multas contra los locales de ocio nocturno de la ciudad.

Según cifras del colectivo conquense, en 2011 se tramitaron dos denuncias mientras que sólo en los primeros 45 días de 2012 se han producido 25. En el 80% de estas sanciones el informe policial dice que en estos locales “no había música ni se estaba vendiendo bebidas alcohólicas”, siendo la justificación para el castigo que tenían las luces encendidas al cumplirse el horario de cierre. Desde la Agrupación demandan un incremento del 150 por ciento de las sanciones por ruido que, de forma inexplicable, no se acompaña de un aumento similar en las denuncias de los vecinos.