"Es inaceptable vivir en un país donde no se paga"

Lunes posterior a las manifestaciones del 11-M contra la reforma laboral. Sin ninguna novedad sobre lo ya sabido desde hace varias semanas. Los sindicatos insisten en que el Gobierno será el último responsable de la celebración de la huelga general del próximo jueves 29 si no da su brazo a torcer y asume sus exigencias. El PP acusa al PSOE de ser el instigador en la sombra de ese paro y de las movilizaciones en la calle. Los socialistas se defienden, son los sindicatos y los trabajadores quienes se manifiestan y no ellos quienes les convocan. Mientras, en Europa, mensajes contrapuestos sobre las decisiones en política económica tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde Alemania, se las elogia, desde Bruselas corto paso adelante sobre el déficit público de nuestro país para este 2012, ni el 4,4 por ciento comprometido en el Pacto de Estabilidad, ni el 5,8 por ciento anunciado por el jefe del Ejecutivo en ejercicio de la soberanía española.

Decisión salomónica del Eurogrupo: el límite de déficit para este año debe establecerse en el 5,3 por ciento del PIB.

Con todo, una cosa está clara, según analistas políticos consultados por este diario: “Las manifestaciones de ayer no han dejado satisfechos a los convocantes, UGT y CCOO. Por lo menos por sus declaraciones de este lunes, muy diferentes a los mensajes eufóricos lanzados tras las movilizaciones del 19 de febrero. Este lunes ya no se ha hablado de cifras históricas de personas en la calle, como el pasado mes, sino de la exigencia de que el Gobierno retire su reforma laboral”.

Desde el PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha acusado al PSOE de ser el “directo convocante de la huelga general día 29 y de las manifestaciones celebradas el domingo contra la reforma laboral”. La número dos del Partido Popular ha asegurado que "desde el momento en que el señor Rubalcaba le da un plazo al presidente del Gobierno para que haga determinadas cosas antes de que llegue el día de la huelga se esta declarando convocante de la huelga. Desde el momento en que Soraya Rodríguez (la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados) ha sido una destacada participante en la manifestación del domingo, el PSOE se convierte en protagonista en primera línea, tanto de las manifestaciones como de la convocatoria".

El presidente del Gobierno, por su parte, en una reunión celebrada con representantes de los proveedores de comunidades autónomas y ayuntamientos, previa a conocerse a la exigencia del Eurogrupo de que el déficit público de nuestro país no sobrepase el 5,3 por ciento del PIB frente al 5,8 anunciado por él mismo, ha asegurado que en 2013 el objetivo de rebajar esa cifra hasta el 3 por ciento “es lisa y llanamente una necesidad imperiosa y una obligación que España cumplirá”. En este encuentro para presentarles el plan aprobado por valor de 35.000 millones de euros para liquidar las facturas pendientes por pagar por parte de las autonomías y los ayuntamientos, el jefe del Ejecutivo les ha asegurado que “es inaceptable vivir en un país donde la gente no paga y donde quien tiene que dar ejemplo no lo hace y espero que este plan sirva a los emprendedores como mensaje de que aquí hay un Gobierno que trabaja y se preocupa”.

En el capítulo de la corrupción, el Tribunal Supremo ha levantado el secreto de sumario sobre el “caso Campeón”, en una jornada que ha supuesto el conocimiento de la imputación del alcalde de Lugo, Xosé López de Orozco, por un presunto delito de prevaricación, tal y como ha anunciado él mismo.

En relación al caso de los ERE irregulares concedidos por la Junta de Andalucía, y que ya tiene a un ex alto cargo en prisión, el ex director de Trabajo de esa Comunidad, Francisco Javier Guerrero, el PP ha denunciado este lunes que el escándalo de las subvenciones presuntamente ilegales asciende a los 1.400 millones de euros, con compromisos de pago hasta 2015. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, ha subrayado que este “fondo de reptiles”, como le denomina es “una hipoteca inaceptable”. A menos de quince días de la celebración de las elecciones autonómicas andaluzas, el caso de los ERE irregulares puede ser la puntilla definitiva para el PSOE en esta comunidad autónoma y con posibles responsabilidades más allá de las políticas para el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y su sucesor, José Antonio Griñán.