1812-2012: Bicentenario de La Pepa (II)

Dos siglos han transcurrido desde que se juramentó la “Constitución de la Monarquía Española” conocida en la Historia como la Constitución de Cádiz. A despecho de la de Bayona que fue hecha a instancias de José Bonaparte, el espurio José I rey de España e Indias y desconocida por quienes se hicieron llamar patriotas, la de Cádiz termina siendo a querer o no, la primera de las constituciones del mundo hispánico y ello la torna de suma importancia.

¿Cómo la vemos aquí, en ultramar? ¿es distinta de cómo se la mira en citramar? Es preciso decir que fue nutrida con el pensamiento de egregios diputados provenientes de distintas condiciones sociales y geográficas, todos varones, sí, pero todos con la convicción de que hablaban por el pueblo español “de ambos hemisferios” como consagró la carta gaditana.

Es la primera vez que desde se plasmaba la unidad imperial con el necesario concurso de los súbditos de ultramar, cuyos clamores no fueron ni menos ni intrascendentes, sino todo lo contrario. Y los hicieron valer en Cádiz.

La Constitución de Cádiz fue un reto al statu quo. Adoptó los principales modelos jurídicos en boga, que consagraron derechos y libertades que rompieron con el antiguo régimen e intentando aplacar las revueltas y sublevaciones americanas que enfrentaba la monarquía hispana, colocándola ya a un tris de disolverse en 1812. Aquellos levantamientos fueron contra España, los malos gobiernos padecidos y su temor a que vencido el gobierno español, entregara a Francia porciones de su territorio americano. Cádiz paliaría la situación combatiendo ese” mal gobierno” que no era otra cosa, sino aquel que se manifestaba en América en dos vertientes hasta hoy perfectamente reconocibles: a) la explotación que acusó a los funcionarios peninsulares de la Corona, clamando porque se supiera en la Península y b) contra los llamados afrancesados, al temerse que claudicaran ante Napoleón y sus huestes, con tal de firmar la paz y siguiendo instrucciones del emperador, entregando España parte de su rico imperio a las manos francesas, cosa que se temía desde Nueva España hasta Río de la Plata y era menester entonces, separarse de la Península lo antes posible en ausencia del rey, pues era solo con el aquel pacto histórico de sumisión, no con los españoles.

Cádiz pareciera un esfuerzo desesperado por evitar la ruptura y por enviar un mensaje claro de que había ánimo de tomar decisiones en conjunto y además, para decir que ni España estaba derrotada ni la monarquía había desaparecido. Uno puede comprender hoy el estupor que causó en América la caída de Sevilla ante los franceses, que se suma a los sitios de Gerona y Zaragoza y la idea de una monarquía que sucumbió con un rey cautivo, aderezado todo con el temor arriba descrito y los anhelos de libertad, inspirados en el ejemplo que dio la independencia de los Estados Unidos, al creer posible la viabilidad de la propia. Y Cádiz podría ser un antídoto.

Este bicentenario no puede impedir estas reflexiones. Tampoco podemos obviar que pese a la desintegración del imperio y hasta el desconocimiento a la legitimidad representativa a los redactores de aquella, Cádiz es un oasis de ideas ilustradas remachadas con sentimientos primos de su propia realidad.

En la Constitución de Cádiz encontraremos la elección indirecta de los ayuntamientos, lo que significaba un paso crucial para la designación de autoridades locales, la elección bianual de diputados para integrar una cortes que se antojan mayúsculas (un promedio de 360 diputados) provenientes de todo el imperio, si bien la sobrerrepresentación peninsular fue denunciada en su día por los representantes americanos. La Pepa garantizaba la representación de al menos un diputado por Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. La inclusión fue vanguardista y muy adelantada para su tiempo.

La carta gaditana apeló a la libertad de expresión y a suprimir los tribunales especiales (se cargó la Inquisición, pues, sin nombrarla con todas sus letras). Además de permitir el libre comercio, terminando así con los monopolios que habían entorpecido las relaciones entre ambos mundos. Estatuyó el fin de las castas y el derecho de sangre, así como la extinción gradual de la esclavitud, amén del reconocimiento explícito acerca de que América era parte integral de la monarquía, lo que no deja de sorprender cuando que, por un lado, se decía que los reinos americanos eran parte consustancial de aquella y no colonias y aún y cuando los historiadores modernos suelen obviar que fue preciso hacer tal reconocimiento al ser tratadas antes como colonias; coloniaje que fue depuesto por los mandamientos gaditanos. Es menester recordarlo una vez más, ante las tesis que niegan la condición de colonia de facto de aquellos virreinatos.

Cuán significativo fue que los pueblos de ambas orillas del océano vieran reconocida la cesación de privilegios, el respeto a los fueros usurpados, su derecho de propiedad y al previo juicio, haciéndose eco de los bandos que las juntas reclamaron desde Valencia a Buenos Aires, de Asturias a Bogotá. No puede negarse que históricamente, los reclamos al rey, al absolutismo y al sistema imperial eran bastante análogas en España y en América. Conviene no olvidarnos de ello. Muchas veces las actas juntistas aquende y allende del Atlántico, son asaz similares en sus reclamos y en sus apuntamientos.

La de Cádiz fue cuestionada en su origen por quienes pensaban son sin razón, que aun prevista la convocatoria a cortes en la añeja legislación castellana, carecía de una entera legitimación para decidir nada, por no provenir de la voluntad real. Pero eran otras las formas en momentos extraordinarios. Asimismo, en ultramar hubo esperazas de que la misma resolviera per se los enconos independentistas.

Por último regreso al punto de partida de mi columna anterior: Cádiz es a un tiempo, un documento hecho para el pueblo por el pueblo, no por las encumbradas autoridades. Eso le permitió romper privilegios y por lo tanto, la hizo peligrosa al retar al statu quo. Nadie lo dudó. Nadie puede olvidarlo. Y en todo caso, impele a su reflexión y a conocerla. En su bicentenario, valga un reconocimiento como un deseo auténtico, genuino, para honrar a los doceañistas y a su ingente labor legisladora que apostó por conducir al mundo hispánico hacia nuevos derroteros de progreso. Dos siglos después mucho hemos alcanzado y aún otros seguimos buscando. No cejemos en ello.