1812: La primera Transición

Se conmemora estos días el segundo centenario de nuestra primera Constitución, la famosa Pepa, llamada así, popularmente, por el día en que fue promulgada. Fue un texto de escasa vigencia (tres breves periodos, el más largo el llamado Trienio Liberal, de 1820 a 1823) pero de una gran influencia no solo dentro sino fuera de España. Para España ha sido siempre algo así como la Carta Magna de nuestro liberalismo y una referencia indispensable para cuantos en estos doscientos años se han planteado en serio la modernización de nuestro país y el avance y consolidación de las libertades de los españoles. Muy avanzada para su época, establecía un peculiar sistema electoral en virtud del cual todos los españoles (pero no las españolas) podían votar, aunque de un modo escalonado e indirecto. Es también la única Constitución que, al menos teóricamente, tuvo vigencia en las dos orillas del Atlántico. “La Nación española –decía su artículo 1ª- es la reunión de los españoles de ambos hemisferios” y, efectivamente, los virreinatos americanos estuvieron muy bien representados en las Cortes de Cádiz, aunque en aquellos lejanos territorios ya soplaban los vientos de la independencia. Ese mismo artículo 1º revela qué claras tenían las ideas los “doceañistas” y cómo veían y concebían a la Nación española –una única gran Nación hispano-americana- como una entidad preexistente, que daba su fundamento a la Constitución y que, en absoluto, era creada por ella.

Aquella Constitución fue admirada y copiada en diversos países europeos y americanos y aunque lo cierto es que tenía serios defectos, nunca perdió su gran valor simbólico. El zar Alejandro I la elogió y hasta tuvo algún influjo en el movimiento decembrista que, a su muerte (1825), quiso aplicar, inútilmente, en aquel lejano imperio las tesis liberales de Occidente. La influencia española se debe, seguramente, a que uno de los líderes del decembrismo, Muraviev-Apostol, era hijo de un embajador ruso en Madrid y se había sentido inspirado por el levantamiento del coronel Riego, cinco años antes. En el proyecto de Constitución que elaboraron los decembristas hay artículos claramente copiados de “la Pepa”, como el que dice que “el pueblo ruso, libre e independiente, no es ni puede ser propiedad de ninguna persona o familia”, que casi literalmente transcribe el artículo 2 de la Constitución de 1812, o el relativo a la soberanía (en el texto ruso “popular” en vez de “nacional”).

Pero la labor de las Cortes de Cádiz, que iniciaron sus trabajos en 1810, no se limitó a la Constitución de 1812, con ser esta su obra más notoria. Siempre me ha parecido que lo más significativo de aquellas primeras Cortes modernas españolas consistió en que fueron capaces de hacer una transición, en gran medida consensuada y pacífica, desde el Antiguo Régimen de la monarquía absoluta a un constitucionalismo liberal. Y ello mientras el pueblo español mantenía una lucha sin cuartel contra el invasor francés. El primer golpe de Estado de nuestra historia contemporánea –el que dio Fernando VII en Valencia en 1814- puso fin a aquel primer experimento español de constitucionalismo liberal al declarar “nulo y sin ningún valor todo lo actuado por las Cortes reunidas en Cádiz”. Pero ese triste desenlace no obsta para que se pueda valorar como ejemplar el proceso de transición que llevaron a cabo los “doceañistas”, por más que la inicial división entre “liberales” y “serviles” e iniciativas posteriores como el llamado “manifiesto de los persas”, abonaran el camino para el golpe reaccionario del monarca que, tan ingenuamente, los españoles habían considerado “el Deseado”.

Si Fernando VII hubiera intentado acomodarse a la Constitución que habían aprobado las Cortes, es muy posible que la historia española del XIX hubiera transcurrido de una manera muy distinta. Pero quizás tengan razón quienes estiman que el sistema diseñado por la Constitución de 1812 era prematuro para aquella España de principios del XIX. Una España con un ínfimo nivel cultural, pero también con unos sectores elitistas que no estaban dispuestos a aceptar las exigencias del liberalismo. En cualquier caso, hay que reconocer que, como instrumento al servicio de una transición política, las Cortes de Cádiz rindieron un excelente servicio. Basta comparar aquel bien intencionado pero frustrado intento con los horrores en que sumió a Francia su Revolución. Mientras los españoles morían fusilados por las tropas de Murat o peleando contra los franceses, éstos se mataban unos a otros en una brutal y sangrienta orgía de violencia que dejó tantas cicatrices en el lacerado cuerpo de la noble nación francesa. Desgraciadamente, ambas transiciones, la más pacífica española y la más violenta francesa, tuvieron un final parecido pues ambos experimentos liberales acabaron de nuevo en el autoritarismo.

El gran historiador francés François Furet escribe que “la Revolución francesa estalla en 1789, pero la fecha en que se termina es incierta…solo la victoria de los republicanos sobre los monárquicos, en 1876-1877, da a la Francia moderna un régimen que consagra duraderamente los principios de 1789: no solo la igualdad civil, sino también la libertad política”. Con esa amplia perspectiva podríamos decir que en España, tras todas las peripecias del siglo XIX y, especialmente el fallido intento de la Restauración de 1874-1876, nuestro largo camino hacia la estabilidad y la libertad solo concluye con lo que podemos denominar la Segunda Transición de 1975-1978, que consagra por primera vez en nuestra historia un régimen plenamente democrático. Sin que esto quiera decir que no tengamos por delante demasiados problemas por resolver. En cualquier caso, la Constitución de 1812 sigue siendo una referencia que no podemos dejar de tener presente. Y queda bien a vista que la conquista de la libertad es siempre una larga y prolongada lucha, en la que no pueden excluirse los retrocesos. De ahí la sabiduría del viejo proverbio:”El precio de la libertad es la vigilancia permanente”.