Tras la huelga, llega la hora de las reformas

Los periodistas tomaban notas, apresuradamente, durante la comparecencia de los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. Cuando llegó el turno de las preguntas, todos querían saber en cuánto cifraban los sindicatos la sempiterna calificación de “éxito” de la huelga. Como arrancando una muela sana, los periodistas no sacaron una cifra más que con mucho esfuerzo y con mucho dolor. Toxo y Méndez le ofrecen una cifra, para que se calme la malsana curiosidad periodística. Un 77 por ciento. Por ejemplo.

Ya, el dato del 77 por ciento, puesto en boca de los líderes sindicales, es el reconocimiento de un fracaso. No porque un 77 por ciento de seguimiento fuera un fracaso. Sino porque esta vez no se han visto con la fuerza suficiente para dar las cifras habituales del 85 por ciento hacia arriba.

El Gobierno califica la incidencia de “muy moderada”. Pero puede pensarse que es interés de parte. Un buen indicador es el del consumo eléctrico, porque es absolutamente objetivo. En la huelga general de 2002, que paralizó una tímida reforma laboral, el consumo eléctrico cayó un 23,9 por ciento. En 2010, en la huelga a medias y pactada con el Gobierno, el consumo eléctrico fue un 18,5 por ciento menor. Y este jueves, el consumo ha caído un 16,6 por ciento.

El éxito de las huelgas generales las decide, en gran parte, el Gobierno. Si dejan actuar a los piquetes, las comunicaciones, la provisión de alimentos, los medios de comunicación públicos y demás se paralizarán y le otorgarán la medalla del éxito a la huelga. El Gobierno de Rajoy ha tomado la decisión de que la huelga sea un fracaso, echando a la Policía a la calle.

Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno. Los sindicatos han respondido al saque del Ejecutivo (la reforma laboral) con una dejada. Pero el Gobierno estaba preparado para eso, y tiene la oportunidad de sentenciar con un smash el punto, el juego (los Presupuestos) y el partido, (la legislatura). Los sindicatos no tienen respaldo social. Podemos decir que eso ya lo sabíamos, pero su reivindicación de que la reforma laboral, eje de la política económica del Gobierno, es un ataque a los derechos de los trabajadores y no soluciona nuestros problemas, tampoco tiene respaldo social.

Este es un gobierno todavía joven. Tiene un claro mandato para hacer reformas. Y tiene la necesidad imperiosa de hacerlas. No ya porque la economía española lo vaya a agradecer. Los gobiernos, con frecuencia, actúan en contra del bienestar de los ciudadanos. Esa necesidad impostergable viene de que estamos al borde de la intervención, incluso cuando uno no se cree los rumores que ya circulan. Y una intervención sería un argumento político suficiente para que el PSOE tomase aliento, e incluso derrocase al PP en las urnas. Una intervención nos obligaría a tomas medidas mucho más duras, que arruinarían políticamente a la formación de Mariano Rajoy. No se trata de la sociedad española, aunque no puede negarse de antemano que el presidente esté preocupado por ella. Se trata de una cuestión de supervivencia política.

Este viernes, el fracaso de la Huelga General se tiene que notar en las últimas decisiones sobre los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto aprobará el Consejo de Ministros. Pero los Presupuestos no son suficientes. Tiene que reformar los servicios públicos para controlar su gasto. Tiene que meter en vereda a las Comunidades Autónomas. Y tiene que hacer un ambicioso plan de liberalización económica para permitir que nuestro país se reencuentre con el crecimiento. Los sindicatos le han demostrado que cuenta con el apoyo de la ciudadanía.