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Rediseñando el estado autonómico

jueves 12 de abril de 2012, 00:49h
No parecen haber tenido una gran acogida en el seno del PP las palabras de Esperanza Aguirre proponiendo que las competencias en sanidad, justicia y educación vuelvan al Estado, y que sean las corporaciones locales las que asuman las propias en materia de transportes y servicios sociales. Tampoco en la oposición socialista, que ha utilizado los argumentos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid para criticar a los populares acusándoles de que no se atreven a reconocer en público unas declaraciones que muchos aprueban en privado.

Tiene razón el PSOE, aunque hay que decir que no sólo entre las filas populares la idea de Esperanza Aguirre es bien vista. En el ámbito jurídico hay casi unanimidad a la hora de criticar la actual estructura del estado autonómico. Está sobredimensionado, es tremendamente caro y, además, plantea una serie de problemas operativos que se ponen de manifiesto cuando alguien quiere invertir en un proyecto donde hay implicadas varias comunidades autónomas y choca frontalmente con la disparidad de criterios normativos.

La derecha española está llena de complejos, aunque también la izquierda tiene los suyos. Uno de ellos consiste en pensar que la descentralización es una forma de romper con el centralismo franquista, y en ello se han empleado a fondo durante las últimas legislaturas. Ni lo uno ni lo otro. No puede ser que las comunidades autónomas generen un volumen de gasto tan exorbitado y que, cuando vienen mal dadas, acudan a un estado cada vez más vaciado de competencias. Urge, por tanto, que Esperanza Aguirre module y modere su propuesta pero reconociendo que sus palabras, con independencia de su oportunidad política, abren un debate tan legítimo como necesario, en donde se primen criterios de sentido común en detrimento de complejos ideológicos. De uno y otro signo.
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