"España responderá a la hostilidad argentina"

Alarma por la mañana, que tampoco podía descartarse tras los movimientos de los mercados internacionales: la prima de riesgo española se situaba en el nivel más alto desde la victoria del PP en las elecciones del 20 de noviembre, aunque luego bajaba a niveles de la pasada semana. Pero a última hora de la tarde estallaba la bomba informativa del día, la nacionalización por parte del Gobierno de Buenos Aires de las acciones que la compañía española posee en la petrolera argentina YPF. Una medida que el Ejecutivo español no ha tardado un minuto en calificar de “decisión hostil contra España que tendrá medidas claras y contundentes”.

“A saco”, así califican los analistas políticos consultados por este diario como ha actuado el Gobierno de la populista Cristina Fernández Kichner sobre la petrolera española Repsol. Tras enviar al Congreso argentino la orden de nacionalización del 51 por ciento de las acciones de YPF, la mayor parte en poder de esta última, el Ejecutivo bonaerense ha ordenado el desalojo inmediato de todos los directivos españoles que trabajaban en la sede la compañía. Una expropiación ordenada por Kichner para “salvaguardar la soberanía hidrocarburífera –atenta la compañía a la expresión, según las mismas fuentes- argentina”. Un anuncio hecho dentro de un clima de himnos patrióticos y de innumerables aplausos”.

Una medida que, en todo caso no ha dejado de sorprender, señalan los mismos medios. Las amenazas más que evidentes del Gobierno argentino de la semana pasada se han hecho realidad, pese a la actividad diplomática desarrollada por el Ejecutivo español. Difícil situación de todas formas. Fuentes diplomáticas recuerdan que el Gobierno de Kichner “parece haberse embarcado en una política de confrontación internacional para reforzar internamente, que comenzó hace unas semanas con una campaña de hostilidades contra el Reino Unido, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la Guerra de las Malvinas, en la que su país fue derrotado por las Fuerzas Armadas británicas y ahora con una ofensiva económica contra España y sus empresas”.

El Gobierno de Mariano Rajoy no ha tardado ni un minuto en reaccionar. Los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y de Industria, José Manuel Soria, han comparecido ante los medios de comunicación para asegurar que desde el Ejecutivo se considera esta decisión argentina como “un acto hostil contra España que tendrá medidas claras y contundentes”. Ambos se habían reunido previamente con Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Margallo ha subrayado que ante una acción “arbitraria e injusta” habrá una respuesta contundente para “defender los intereses españoles en Argentina”, a quien ha recordado que nuestro país “salió en su socorro durante sus peores horas”.

A la Unión Europea tampoco la he gustado nada esta decisión del Gobierno de Cristian Fernández Kichner, por la inseguridad jurídica que supone para la empresas de la UE que operan allí. El portavoz de Comercio, John Clancy, ha asegurado que “una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el clima de negocios en ese país”.

Antes de producirse esta noticia, la actualidad ha estado centrado en la evolución de Su Majestad el Rey tras la operación de cadera a la que fue sometido tras sufrir una caída en el campamento en el que residía mientras participaba en una cacería en Botsuana. Don Juan Carlos ha recibido la visita de Doña Sofía, recién de llegada de Grecia donde ha celebrado con su familia la Pascua ortodoxa., por espacio de una media hora. A su salida de la clínica, la Reina ha asegurado que el Monarca se recupera satisfactoriamente y rápidamente.

Más complicado está el panorama político sobre esta cuestión. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido prudencia y ha hecho un llamamiento para “no utilizar esta cuestión para crear dudas sobre la Monarquía porque no es el mejor favor a la democracia. El PP no va a entrar en la polémica que algunos están tratando de alimentar”.

En este sentido, desde el PSOE sigue habiendo dirigentes críticos con el viaje del Rey a Botsuana. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que comprende las críticas de muchos españoles” a la presencia de Don Juan Carlos en esa cacería de elefantes, pero ha asegurado que su posición se la hará saber en persona: “Tengo una relación con el Rey muy fluida y lo que tenga que hablar con él lo voy a hablar con claridad, no me da ningún susto”.

Otros dirigentes socialistas son mucho menos complacientes. Si el máximo dirigente de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ponía sobre la mesa el domingo la posibilidad de la abdicación del Monarca, el “lendakari” Patxi López ha asegurado que “no estaría mal” que Don Juan Carlos pidiera disculpas a los ciudadanos por este viaje. “Como todos, tiene derecho a su espacio privado, pero en los tiempos que corren hay ciertas cosas que la ciudadanía no entiende, y ésta es una de ellas”.

Reacción mucha más institucional desde CiU, cuyo portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida ha matizado que “aunque es inevitable que haya críticas a la Casa Real, no seré yo con la que está cayendo, y ante la necesidad de presentar una fortaleza conjunta de instituciones y la economía en el exterior, me dedique a desestabilizar una institución, éste de acuerdo o no ella”. Menos comprensivo se ha mostrado el presidente del PNV, que ha coincidido con algunos de los dirigentes socialistas críticos con el Rey: a lo mejor es hora, ha dicho, de buscar otro modelo político diferente al de una “monarquía anacrónica”.