El sistema y los otros

Las palabras de Felipe Puig desde Cataluña explicando que sería deseable que los ciudadanos tuvieran más miedo al sistema me han dejado estupefacta al entender que no formo parte del sistema y que de hecho el sistema está en contra de mí y de todos los que no son políticos.

De lo que se desprende de sus palabras las leyes deberían ser más restrictivas y sancionadora con los ciudadanos que utilizan el derecho de asociación y el de reunión para reclamar medidas y giros políticos. Es decir, en la difícil balanza de regular la vida en común y la libertad individual, Puig toma partido en contra de la libertad y en contra de la vida común. En esta toma de partido nos falta una tercera instancia que sea la que apoya Puig que no puede ser otra que la que él denomina como ‘sistema’.

Entonces, ¿qué es el sistema para él? Parece que es la instancia de poder a la que pertenece pero liberada de toda relación con la ciudadanía, es decir, un poder no democrático, sino autoritario que gobierna para sí y regula la vida pública para sí, no para todos. Este señor denota que en el ‘inconsciente colectivo’ de los políticos parece haberse evaporado la noción de dónde vienen la función y las herramientas que están a su alcance para ciertos objetivos. La base democrática de la vida en España no existe ya hoy en tanto que los políticos no se rigen por las mismas normas y leyes que los ciudadanos que no desempeñan cargos políticos.

Un tuerto y un muerto no parecen razón suficiente para que nadie dimita y para que alguien, mejor dicho, algún político, piense que algo se está haciendo muy muy mal.

La indignación que muestran mis palabras pueden ser interpretadas penalmente y si a alguien se le ocurre salir a la calle y ejercer su derecho de expresión (recogido en la sección de “derechos fundamentales y libertades públicas”) sugestionado por la reflexión que le merezcan mis palabras, ese alguien y yo estaremos incumpliendo varias leyes recogidas en las nuevas restricciones que impone el gobierno al penalizar la resistencia pasiva y la organización a través de internet.

El derecho a reunión por medios pacíficos está recogido en el Artículo 21 de la Carta Magna. No requiere ningún tipo de permiso previo, siempre y cuando no se altere el orden público: y ahí hemos topado con las fuerzas de “seguridad” del Estado. ¿Quién define el orden público? Si de ahora en más decido reunirme con gente afín a mis ideas en la calle y en silencio para expresar nuestras ideas, sin alterar el tráfico, sin molestar a los comerciantes y sin impedir que nadie ejerza ningunos de sus derechos a la policía y al pertinente delegado del gobierno le parece, pueden decidir sin más que estamos alterando el orden público. La policía entonces puede venir a decirnos que nos disolvamos y si el grupo decido permanecer en su actitud pacífica y sin molestar, si a los reunidos no les parece que estén alterando el orden público, no tienen forma de defender su derecho ya que ante la discrepancia, la policía ahora estará autorizada a disolver la reunión y a imputar a los reunidos “por resistencia a la autoridad” sin que medie un juez que delibere si se altera el orden público o se ejerce el derecho recogido en el artículo 21.

Ante tal atropello a las libertades básicas solo queda dar por muerto el estado de derecho. Cortar la libertad de expresión y de reunión es el primer paso de una dictadura. Y si los políticos tienen miedo de la respuesta social ante la ignominia y la obscenidad de las reformas que están realizando, que se lo piensen dos veces.

Cuando el sistema de poder institucional se opone a los ciudadanos la dialéctica de la confrontación entre poder político autoritario y poder del pueblo está servida. Y nunca acaba bien.