Evo Morales nacionaliza y eclipsa a los sindicatos

El presidente boliviano, Evo Morales, siguiendo el ejemplo de su colega, la populista argentina Cristina Fernández, se ha apuntado a la moda de las nacionalizaciones de empresas españolas, en este caso la filial en el país iberoamericano de Red Eléctrica. Noticia que no ha sorprendido, aunque el Gobierno de Rajoy haya querido relativizar la medida, diferenciándola de la expropiación de la participación de Repsol en la petrolera YPF. Mientras, en España, los sindicatos y los socialistas han salido a la calle este 1 de mayo para volver a criticar, por enésima vez, la reforma laboral del Ejecutivo y los ajustes en sanidad y educación, en unas movilizaciones que han quedado eclipsadas informativamente por la decisión de Evo Morales, “uno de los ídolos para buena parte de las oganizaciones convocantes de estas marchas”.
Decenas de militares del Ejército boliviano han ocupado la sede de la compañía Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica Española, incluso una hora antes de de que se hiciera pública la nacionalización. Tomadas las instalaciones, el presidente del país, Evo Morales, no ha dudado ni un momento en presentarse en las mismas para dar un golpe de efecto ante su opinión pública. Analistas políticos consultados por este diario han ironizado con la “originalidad” de los argumentos de Morales, “que ha copiado casi literalmente las explicaciones de su Fernández Kichner”. En este sentido, ha asegurado que “hoy día, nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano, que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad”. En referencia a Red Eléctrica aseveró que “esa empresa internacional española en dieciséis años apenas ha invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de cinco millones año”.
Fuentes diplomáticas consultadas por “El Imparcial” destacan que “era de esperar que algún otro país iberoamericano siguiera el ejemplo argentino, que al nacionalizar la participación de Repsol en YPF ha dado un ejemplo negativo y que podía ser seguido por regímenes como el boliviano, el venezolano o el ecuatoriano”. Bien es cierto que Morales, recuerdan las mismas fuentes, tiene “la rara” costumbre de llevar a cabo todos los 1 de mayo una nacionalización.
En esta línea, el Gobierno está estudiando la medida y sus repercusiones, aunque se considera que no tiene nada que ver con lo ocurrido en Argentina “y no se trata de un ataque a España”. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ya ha se ha puesto en contacto con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, y de momento se está a la esperar de decidir si se convoca a consultas al embajador en España del régimen de La Paz.
En España, el Primero de Mayo ha servido para una nueva jornada de protestas en la calle por parte de los sindicatos, los socialistas e Izquierda Unida contra las reformas que lleva a cabo el Gobierno. Guerra de cifras sobre la participación en las manifestaciones, en Madrid por ejemplo el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha hablado de 100.000 personas, mientras fuentes policiales la han reducido a entre 12.000 y 15.000 asistentes, los mensajes han sido los mismos de las últimas concentraciones, sin ir más lejos las celebradas el pasado domingo.
Bajo el lema “1 de mayo, trabajo, dignidad, derechos. Quieren acabar con todo”, Toxo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y destacados representantes socialistas, como la número del partido, Elena Valenciano; o la portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, han salido a la calle, una vez más, para criticar y rechazar las reformas del Gobierno, en especial la laboral y las medidas adoptadas en educación y Sanidad.
Méndez ha acusado al PP de “haber elegido el escenario de tirar por la extrema derecha e imponer una política ultraliberal en el mercado laboral y ultraconservadora en derechos sociales”, que los dos sindicatos mayoritarios piensan parar convocando cuantas manifestaciones y movilizaciones sean necesarias
En el “caso Urdangarín” puede haber próximas novedades sustanciales. El Duque de Palma estaría dispuesto a cambiar de estrategia y, junto con su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para declararse culpables y devolver al erario público tres millones y medio de euros, siempre y cuando la pena que recibieran fuera inferior a los dos años de cárcel, para evitar así su ingreso en prisión.