El Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, espera que las elecciones presidenciales a celebrarse en México este 1 de julio sean "libres, justas y transparentes", luego de que dos fiscales norteamericanos acusara al exgobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington de recibir sobornos millonarios de los cárteles de la droga.
El Gobierno de Barack Obama quiere que las elecciones presidenciales que se celebrarán en México el próximo 1 de julio sean "libres, justas y transparentes", ha asegurado Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Buscamos en México lo que buscamos en todas las elecciones que se realizan en países democráticos: que sean libres, justas y transparentes", ha dicho Nuland durante una rueda de prensa.
Algunos políticos mexicanos acusaron el miércoles a Washington de interferir en
la campaña presidencial, después de que dos fiscales estadounidenses vincularan a Tomás Yarrington, exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas, con millonarios sobornos por parte de algunos cárteles de la droga, dinero que posteriormente habría blanqueado mediante inversiones inmobiliarias.
Yarrington, quien habría comprado propiedades millonarias en Texas con
dinero del narcotráfico, está vinculado al opositor
Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato, Enrique Peña Nieto, encabeza todos los sondeos de intención de voto con una amplia ventaja.
Nuland no ha querido opinar sobre el caso de Yarrington porque considera que se trata de un asunto exclusivo de los tribunales que llevan el proceso judicial. "No es algo que deberíamos discutir aquí, pero rechazo categóricamente cualquier acusación sobre interferencia en la política mexicana", ha subrayado.
La campaña electoral en México se ha desarrollado en relativa calma, a pesar de la amenaza constante de los cárteles del narcotráfico que mantienen en algunas regiones violentos enfrentamientos por el control del mercado de la droga, guerra que desde diciembre de 2006 se ha cobrado la vida de unas 50.000 personas.
Algunos partidos han iniciado un cruce de acusaciones sobre las presuntas vinculaciones de funcionarios y líderes políticos con los cárteles de la droga.
