Gibraltar: Del Statu Quo a la escalada

Entre 1704 y 1713 se engendró el contencioso hispano-británico en aguas del Estrecho. Y puesto que, ya entonces, se había enquistado el diferendo entre la monarquía española y el sultanato de Marruecos en torno a las plazas de Ceuta y Melilla, tanto la amplitud del marco territorial y marítimo del contencioso à trois, como la acuidad de los intereses en pugna en el Estrecho no hicieron sino cobrar una complejidad añadida al marco geopolítico de referencia.

Cuando se volvió a encauzar el statu quo en aguas de Gibraltar, de resultas de la firma del Protectorado franco-español en Marruecos (1912), la imperial Gran Bretaña realzó más que nunca antes el bicentenario de la posesión del Peñón, mientras que el capitidisminuido reino de España disfrutó de un lapsus tranquilizador en lo atinente a la salvaguarda de las plazas de Ceuta y Melilla.

Recuérdese, empero, que el sobrecogedor transcurso del tramo histórico que cubre el período 1914-1945, hizo aflorar la independencia del Magreb, de Marruecos más concretamente. El statu quo en el Estrecho, sin embargo, continuó prevaleciendo, aunque el contencioso secular estuviera siempre al acecho para retornar a sus fueros. Recuérdese cómo los gobiernos de Franco no cejarían en reverdecer sus aspiraciones reivindicativas sobre el Peñón, o “Roca de la Discordia” hispano-británica; mientras que la monarquía del difunto Hassan II, en Marruecos, haría de Ceuta y Melilla uno de sus caballos de batalla recurrentes en el decurso del litigio à trois en el Estrecho. Recuérdese también que la Constitución española de 1978 preveía la posible conversión de Ceuta y Melilla en Comunidades Autónomas, pero a partir del Segundo Pacto Autonómico firmado en 1992, se abrió paso en la organización territorial del Estado español el reconocimiento de Ceuta y Melilla como Ciudades Autónomas, dotadas de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

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La radiografía del histórico conflicto en el estrecho de Gibraltar revela el empecinamiento conductista de las naciones involucradas. Para empezar, Gran Bretaña y, sobre todo, la población de “llanitos” que se siente arraigada en el Peñón, desde hace tres siglos; en segundo lugar, el reino de Marruecos, instalado en la convicción geoestratégica de que las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla taponan el acceso de las provincias del norte del país a las aguas del mar de Alborán; y España, que, por su parte, viene reclamando a la gobernación de turno en la Roca -y por extensión al gabinete británico en Londres- el respeto a las reglas del juego establecidas en el marco natural de la bahía de Algeciras. España mantiene y defiende (con el respaldo de la población española de Ceuta y Melilla) la innegociable condición de estas Ciudades Autónomas en pie de igualdad con el resto de las Comunidades Autónomas del Estado.

Como apostillaría un francés, en el asunto del Estrecho il y a du pain sur la planche; lo que en castellano daría el no menos castizo, aquí sí que hay tela que cortar. Ello se sabe, se conoce, a fondo en las cancillerías de las tres naciones involucradas en el contencioso de marras: en torno a esto está muy sensibilizada la opinión pública de España, Marruecos y Gran Bretaña. Por ello, a la luz de la escalada hacia la greña en que andan metidos ahora, hasta el pescuezo, tanto los pescadores algecireños de La Línea y la Guardia Civil del mar, como las patrullas de vigilancia del Peñón -respaldadas por alguna unidad de la Armada inglesa-, procede ajustar diplomáticamente cuanto antes la escalada de tensión que se registra y que las aguas vuelvan a su cauce. De esta manera, y por enésima vez, abóguese y con razonamiento -ante lo espinosa que es la cuestión del Estrecho- a favor de la jurisprudencial sentencia romana Quieta Non Movere.