Bankia, las cartas sobre la mesa

Todos tenemos la experiencia de ir a pedir un crédito al banco y que nos exijan para el estudio de su viabilidad todo tipo de información sobre nuestra situación económica familiar, eso si no nos obligan a que lo firme también un avalista: nómina, propiedades, hipotecas, otros créditos concedidos, gastos fijos mensuales, etc. Ahora Bankia solicita al Estado un crédito cuya cifra es realmente extraordinaria y el Gobierno asegura de antemano que dará el dinero que se necesite para salvar la entidad sin saber la situación real del balance de la empresa, porque seguimos sin conocer realmente el valor de los activos (o pasivos, mejor dicho) vinculados al sector inmobiliario que están en manos de Bankia.

Sí, ya sé que se ha convertido en una especie de principio neoliberal que el Estado no debe intervenir en la economía, o debe intervenir lo mínimo, salvo para rescatar a los bancos que entran en pérdidas. Fue George Busch el que lo puso primero en práctica en Estados Unidos al comienzo de esta crisis. Esa manipulación del principio clásico de la economía de libre mercado se justifica porque si no se inyecta dinero en los bancos en quiebra, se hundiría todo el sistema económico, no sólo el financiero. Sobre la verdad de esta creencia no tengo conocimientos técnicos para entrar e imagino que habrá que estudiarlo caso a caso, sobre todo en este concreto que es la cuarta entidad financiera del país, pero sí quiero dejar constancia de la contradicción existente entre la ideología y la práctica. Lo que me resulta más curioso e irónico es cómo si el principio clásico de la economía de libre mercado se rompe por aquí, lugar tan importante en el sistema económico, algunos neoliberales siguen tan cerrilmente aferrados al mismo en otros aspectos, y no se hacen conscientes de la necesidad de que el Estado sea el garante de esa economía de libre mercado, estableciendo las pautas, el camino que encauce la libertad humana, la cual no es nunca omnímoda, sino que, como bien sabían ya los antiguos filósofos griegos, se da siempre dentro de la norma. El justo medio de la intervención estatal en la regulación y en la participación en la economía es lo que debemos saber encontrar para la nueva situación.

También sé que se me dirá que Bankia no ha solicitado un crédito del Estado. Bien, llámaselo como se quiera. Es posible que fuera mejor que el Estado diese un crédito, porque si finalmente acaba siendo una inversión en capital a través de títulos de deuda, nadie está hoy en condiciones de afirmar que ese capital está garantizado, por mucho que diga el señor Goirigolzarri, y quizá acabe siendo una inversión a fondo perdido, mientras que un crédito podría recuperarse por lo menos parcialmente. Y esto sin entrar en las complicaciones que la utilización de esos títulos de deuda pueda traer en la subida de la prima riesgo y, consecuentemente, en el encarecimiento de la financiación de la deuda pública española, ahondando aún más uno de los problemas más graves de la economía de nuestro país. Además existe el riesgo de que las autoridades europeas no autoricen la operación si consideran que el Estado está ayudando a una empresa privada encubiertamente con dinero público.

De cómo ha de hacerse la operación de rescate de Bankia y de si es absolutamente necesario no dejar hundirse a un banco importante en aras del bien común caben discusiones en las que los técnicos deberán opinar, pero sobre lo que no debería caber discusión alguna es sobre la imperiosa necesidad de que los actuales y pasados responsables de Bankia den todo tipo de explicaciones, y deberían hacerlo en sede parlamentaria, la representación de la soberanía nacional, dado que va a ser el erario, es decir, el conjunto de todos los españoles, el que va a poner una cifra exorbitante de dinero público para salvar a este banco. Deberían aclararse en sede parlamentaria los términos en que se hizo la fusión de las distintas entidades que hoy constituyen Bankia y los problemas que esto ha ocasionado, y también, y principalmente, cuáles son las inversiones fallidas que han llevado a esta situación, muy especialmente aquellas vinculadas al sector inmobiliario: a quiénes se dio crédito hoy difícilmente recuperable, si detrás del mismo hubo recalificaciones urbanísticas y quiénes están detrás –políticos, empresas y empresarios, particulares...

Los gestores de Bankia, y muy especialmente los representantes de los poderes políticos presentes en el consejo de administración, e incluyo aquí a los sindicatos, deberían responder de una gestión que ha desembocado en una crisis de tal envergadura mientras ellos cobraban religiosamente sus asignaciones y gozaban de maravillosos privilegios, los cuales ha aireado la prensa y supongo que poco a poco iremos conociendo más y mejor. Es una utopía pedir –más allá de lo que las responsabilidades jurídicas que se determinen al lento paso de la justicia– que esos señores que han llevado a la quiebra a la cuarta entidad del país se ofrezcan ahora a devolver un dinero que realmente no se han ganado sino que se han atribuido ejecutivamente, pero esperemos que este duro ejemplo sirva al menos para que el Gobierno imponga una regulación mucho más estricta a los directivos de los bancos cuando están participados o ayudados por dinero público. Aunque mi confianza no es mucha, pues el Gobierno parece que sigue negándose a que se investigue a fondo y se depuren de verdad las responsabilidades exigibles por la desgestión de Bankia.