Paraguay: la destitución de Lugo pone en vilo a América Latina

Este viernes el Congreso paraguayo aprobó por mayoría la destitución del presidente Fernando Lugo, quien fue sometido a un juicio político por la matanza de 17 personas en la localidad de Curuguaty, protagonista la semana pasada de un violento enfrentamiento entre policías y campesinos que desde hace tres semana ocupaban la finca de un exsenador, en señal de protesta por la escasez de tierras para el cultivo y cuyo intento de desalojo terminó con la muerte de 11 locales y seis uniformados.

En otras palabras, el Legislativo de la nación guaraní se respaldó en el artículo 225 de su Constitución que permite juzgar al jefe de Estado “por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes”, como ocurrió en 1999 con el aquel entonces presidente Raúl Cubas, imputado de “negligencia” tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siente jóvenes manifestantes.

Pese a lo polémico y sorpresivo del juicio, que para Lugo y muchos de sus socios políticos y regionales es el equivalente a un “golpe de Estado”; no se puede poner en duda la legitimidad de una medida contemplada en la Carta Magna de un país democrático y soberano. El Legislativo paraguayo, representante de la voluntad del pueblo, fue la entidad que dio luz verde a dicho proceso y voto por mayoría absoluta el cese del presidente en funciones.

La destitución de Lugo ha despertado tanto las críticas como la preocupación dentro de la comunidad interamericana, en donde varios mandatarios se han mostrado renuentes ha reconocer al designado jefe de Estado, el vicepresidente Federico Franco.

Pese a las negativas de algunos de los mandatarios latinoamericanos, Paraguay tomó su decisión de forma soberana e institucional. Ahora la nación suramericana atraviesa momentos delicados, por no decir críticos, en su proceso democrático. Las próximas horas son decisivas para un país cuya democracia está siendo duramente puesta a prueba.