Conozca cómo es el mapa del fuego y de la batalla forestal en España

En los últimos años, y al calor del cambio climático y la desertización del suelo español, se ha ido construyendo la imagen de una España yerma y seca. Mientras la media mundial de aumento de las temperaturas se ha situado en torno a los 0,8 grados centígrados, el mercurio de nuestro país ha subido 1,5 grados en los últimos años. Además, las recurrentes sequías y olas de calor han ayudado mucho a forjar esta idea de aridez progresiva.

Sólo en los fuegos de Andillas y Cortes de Pallás, donde un piloto de helicópteros falleció en un accidente y otro resultó gravemente herido, han ardido, con lo más caluroso del verano aún por llegar y habiendo llovido un 35 por ciento menos de lo habitual entre los meses de octubre y junio, más de 50.000 hectáreas, apenas 34.000 menos que en todo 2011, una superficie equivalente al 80 por ciento de la isla de Menorca.

Las Comunidades tienen derivadas las competencias en materia de prevención y lucha contra los incendios, salvo en el caso del País Vasco, donde recaen sobre las tres Diputaciones, y las Canarias, en cuyas islas la responsabilidad es de los distintos Cabildos. Así, el grueso de las partidas presupuestarias en este ámbito salen de las arcas regionales y no de la Administración Central, que se centra en cubrir los gastos de los medios nacionales, como la Unidad Militar de Emergencia (UME) o el Comité Estatal de Incendios Forestales.

"No es un problema de medios, donde competimos o mejoramos a los que tienen países más ricos como Estados Unidos o Canadá, sino de prevención, de concienciación social, de poner en marcha un conjunto de políticas ambientales, territoriales, de paisaje, agrícolas, ciudadanas y financieras que fomenten una explotación responsable de los bosques y las masas forestales, afirma en declaraciones a EL IMPARCIAL Elías Bayarri, presidente de la Asociación Española de Profesionales Forestales (Profor).

La crisis se nota
La semana pasada, el Consejo de Ministros daba luz verde al Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales 2012. El Gobierno prevé destinar 74 millones de euros y unas 70 aeronaves a este ámbito, en el que están implicados hasta seis ministerios: Defensa, Agricultura, Interior, Fomento, Industria y Economía.

Los rigores de la crisis han hecho mella en la financiación destinada al cuidado de la masa forestal y muy lejos quedan los 241 millones de euros previstos en 2002, los 199 millones de 2006 o los 381 millones de 2008, antes de que las arcas de nuestro país cayeran en desgracia.

Por su parte, está proyectado que la suma que aporten las Comunidades, donde Madrid es la que más invierte por superficie y las dos Castillas las que menos, a combatir las llamas este curso ascienda a 550 millones de euros, también muy lejos de lo asignado en 2002 (601 millones), en 2006 (1.047 millones) o en 2008 (1.176 millones). Además, estas partidas no superan en ningún caso el 3 por ciento del Producto Interior Bruto regional.

Parte de estos recortes han afectado a las plantillas de los equipos de extinción. El año pasado, la Comunidad Valenciana, que ahora copa los titulares por las llamas, prescindió del 70 por ciento de su equipo de profesionales antiincendios fijos y muchas cuadrillas bajaron de siete a cuatro integrantes.

Este año, ha sido Galicia, zona que suele ser víctima de grandes incendios año tras año, la que ha recortado en 363 los 6.056 empleos forestales y pocas Autonomías escapan a los ajustes, ya que casi todas cuentan con los mismos o menos medios que hace un año, donde el clima jugó a favor de los bosques.

¿Prevenir o curar?
Sin embargo, y con todos los datos en la mano, los expertos no creen que España tenga un problema de financiación en materia de prevención y lucha contra los incendios. "Sería un error creer que porque estamos en crisis y hay menos dinero no habría incendios de la envergadura de los de Andillas o Cortes de Pallás", denuncia en conversación con este periódico Félix Romero, responsable en España de Bosques de la ONG WWF/Adena.

Lejos de culpar a los recortes, las organizaciones ecologistas y los profesionales del sector alaban los medios con los que cuenta nuestro país y señalan a la sociedad como el principal culpable de la periódica oleada de incendios.



"No es tanto una cuestión de dinero como de una consolidación de una política forestal viable y responsable desde las administraciones, los recortes no dejan de ser parches para un problema mayor", añade Romero. Una línea muy similar es la que esgrime Bayarri, que cree que la solución a los problemas de financiación de la masa forestal "es hacer de los bosques espacios autofinanciados mediante la gestión de la biomasa, la caza, la pesca o la agricultura responsable".

La valoración del impacto social, ambiental y económico de un incendio supone un coste estimado de 5.500 euros por hectárea quemada, por lo que una prevención eficaz redundaría en un ahorro considerable para la Administración Central. Sólo la cuantía estimada de perdidas por el fuego entre 2000 y 2010 ronda los 18.000 millones de euros.

Sin embargo, una traba a este plan es la propiedad del suelo, ya que la mayor parte está en manos privadas y sólo el 5 por ciento cuenta con un plan de gestión viable y eficaz, por lo que la implicación del propietario local es, además de costosa, imprescindible.

En los últimos años, las distintas administraciones se han centrado más en la lucha contra las llamas que en la prevención, "que es algo que puede llevar 40 o 50 años, justo lo que tarde un bosque en regenerarse, y a un político, con elecciones cada cuatro años, le interesa menos", afirma Bayarri.

Los datos dicen que nuestro país es el segundo de toda la Unión Europea en superficie forestal (27,6 millones de hectáreas), sólo superado por Suecia, y el tercero de la UE en superficie arbolada, donde los finlandeses también nos superan. España es uno de los territorios, en base a su extensión geográfica, más ricos en materia medio ambiental y de bosques, por lo que incendios como los que se desataron la semana pasada en la Comunidad Valenciana acentúan más aún si cabe el drama ecológico que estos suponen.



En la última década, en España se han tenido que combatir una media de 19.000 fuegos anuales, de los que el 94 por ciento son por la acción directa, intencionada o fortuita, del ser humano y sólo dos de cada cien acaban en los juzgados. Aun así, las estadísticas actuales están muy lejos de las de 1991 y 1994, los dos peores años de la historia reciente de nuestro país, cuando se consumieron 260.000 y 437.000 hectáreas, respectivamente.

Estos datos, sumados a que sólo el 13 por ciento de la masa forestal española está gestionado, a pesar de la normativa de la Ley de Montes 43/2003, cuyo texto obliga a elaborar un plan de viabilidad en estos territorios, ponen el foco sobre uno de los mayores dramas medioambientales y sociales de los últimos tiempos en España.

Zonas calientes
Por regiones, el mapa de vulnerabilidad de incendios español ha ido añadiendo regiones año tras año. Si a comienzos del siglo XXI las tres Comunidades Autónomas con mayor riesgo de sufrir fuegos eran Galicia, donde en 2007 se declaraban más de la mitad de los fuegos de toda España, Castilla y León y Extremadura, con los años, la Comunidad Valenciana, las Islas Canarias y Cantabria se han sumado a este dramático 'club del fuego'.

De este modo, en la última década, en España han sido pasto de las llamas 1,2 millones de hectáreas de suelo forestal, una superficie equivalente a toda Navarra, a pesar de que las organizaciones ecologistas reconocen que los equipos de extinción españoles han mejorado su eficiencia y su tiempo de respuesta, que en la actualidad ronda las dos horas desde que se localizan las llamas.

Ya sea por el valor medioambiental o por el coste económico, la conservación de las superficies forestales debe dejar de ser "el gran olvidado", como la califica Bayarri, a una prioridad del Gobierno, que en época de recortes podría ver cómo los bosques ayudan a ajustar las cuentas del Estado.

Para contactar: borja.mota@elimparcial.es