El Gobierno plantea una reforma del funcionariado

El cuerpo de funcionarios y empleados públicos es, no cabe duda, uno de los grandes lastres de España. Cuidado, no es que ellos personalmente sean una carga, o que lo que aportan no tenga valor. Los problemas, a grandes rasgos son varios. Primero, que son excesivos en número para aquéllas funciones que realizan y que son necesarias. Segundo, que son ineficaces e incluso caros en esas funciones. Y tercero, que algunos de ellos realiza funciones que sería mejor eliminar por completo.

Comencemos por esto último, que en principio parece más difícil de ver: Hay regulaciones que sólo entorpecen el comercio, que aportan un valor negativo, y que sin embargo son realizadas por cuerpos de la Administración. Habría que eliminar esas funciones, y con ellas todo el aparato administrativo correspondiente.

Vamos a lo primero: Sobran funcionarios para determinadas funciones. Atención: acaso falten para algunas de ellas, pero también se ha hecho de la acumulación de nóminas un instrumento para maquillar el desempleo y para dar curso a los compromisos políticos. La política es un juego por el que el Estado transfiere renta y riqueza de una parte de la sociedad, menos organizada, a otra parte de la sociedad, más organizada, y a sí mismo. Y eso explica el crecimiento desmedido de la Administración.

Pero también la función pública es ineficaz, tanto en las labores positivas para la sociedad como, afortunadamente, también en las negativas. Hay muchas razones para ello. Pero se resumen en que los incentivos que tienen tanto los políticos como los empleados públicos son distintas, muy distintas, de los que hay en la empresa privada. En esta última lo que prima es el beneficio. El beneficio es la diferencia entre el valor que se aporta a la sociedad y el coste. Y éste es el mejor uso alternativo que se podría haber dado a los recursos. De tal modo que si el coste supera al valor, es que esos recursos podrían haberse dedicado a usos más productivos. Las pérdidas nos lo están diciendo. Si hay grandes beneficios, es que el empresario los está destinando a usos de gran valor, y que los usos alternativos no son tan urgentes. El buen uso de los recursos se premia con esos beneficios, que a su vez aumentan la cantidad de recursos a disposición del empresario. Así de virtuoso es el mercado. En la Administración no existe, ni puede existir, nada parecido.

En la Administración, los medios a su disposición crecen, ya se necesiten o no. En una crisis económica como la actual, el Estado se encuentra sin medios para sostener un cuerpo de funcionarios y empleados públicos excesivo. Y aquí es donde entran las palabras de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que indican por dónde pueden ir las reformas de la función pública.

Ha apuntado tres ideas. La primera, que les va a exigir trabajar más. Lo cual, en conjunto, puede ser positivo. La segunda, que les va a someter a una evaluación. Esto no tendría excesivo sentido si no se combina con la tercera idea: “La oposición es un método de selección para que estén al servicio público los mejores, no para tener un puesto seguro frente al resto”. Es decir, una cosa es que la oposición asegure una limpieza en la contratación, y otra es que asegure un puesto vitalicio. Ese puesto debe mantenerse si la función que realiza es útil al Estado, en comparación con el coste. Y debe amortizarse si no lo es, o simplemente no puede mantenerlo. Y el funcionario debe perder su puesto si no realiza su labor correctamente.

La CEOE habló en diciembre claramente de despedir funcionarios. Según recogió en sus datos la patronal, hay 821.357 funcionarios que se han traspasado del Estado a las Comunidades Autónomas, a medida que se han hecho transferencias de competencias. Pero el número de funcionarios en los gobiernos regionales no ha aumentado en esa cantidad, sino en 1.744.000.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya dijo aquélla frase de que los funcionarios deben olvidarse "de tomar el cafelito y de leer el periódico". La Unión Sindical Obrera propuso varias reformas de la función pública que no deberían caer en saco roto.