Que los funcionarios se olviden del cafelito

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dado una rueda de prensa organizada por Aragonex, en la que ha hablado de la función pública, de las competencias de las CCAA y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Todos asuntos del máximo interés y de actualidad casi subyugante. Pero lo más noticioso es, seguramente, la mención a los empleados públicos. Antonio Beteta dio primero una charla, a la que siguieron unas preguntas por parte de los periodistas. Durante la charla ofreció una serie de razones que parecían justificar un nuevo aumento del horario de los funcionarios.

Beteta cumplió con el ritual de todo responsable del gobierno de mencionar, venga o no a cuento, la herencia recibida de un enorme déficit público. En esta ocasión, además, la mención era muy a propósito. Porque el principal objetivo que tiene Antonio Beteta es contribuir a aminorar el déficit público, para que se acerque al 5,3 por ciento del PIB.

Luego hizo una mención sobre los valores del trabajo, la responsabilidad y la honradez. Y parte de la asunción de esos valores está la ética del trabajo y la búsqueda de la mejora de la productividad. Los empleados públicos “tendrán que olvidarse del cafelito y de leer el periódico” porque todos los trabajadores, públicos y privados, tienen que hacer un esfuerzo por aportar más valor. Por ellos y también por el conjunto del país. “Necesitamos trabajar, y necesitamos trabajar más”, ha dicho a continuación.

Tercer argumento que justificaría una decisión así. El Gobierno aprobó ya una ampliación del horario de los funcionarios desde las 35 horas semanales a las 37 horas y media. Las Administraciones Públicas lograrán, año a año, un ahorro debido a esta medida de 2.500 millones de euros. Esos 2.500 millones son la catorceava parte de todo el ajuste (35.000 millones de euros) que tienen que hacer las AAPP para alcanzar la tierra prometida del 5,3 por ciento. No es una cantidad desdeñable. Más, si tenemos en cuenta que aproximadamente la mitad de las CCAA ya aplicaban el régimen de las 37,5 horas, por lo que ese ahorro añadido se opera en las otras Comunidades, más los Ayuntamientos y el Estado.

¿Cuánto ahorro añadido haría el conjunto de las administraciones si el Estado decidiese un nuevo aumento del horario de trabajo de otras 2,5 horas hasta las 40 que trabajan el resto de los españoles? ¿Se sustrae el Gobierno a tan tentador pensamiento? El ministro de Educación defiende el aumento de las horas lectivas de los profesores, lo que llevaría a que se rompiesen los contratos de decenas de miles de profesores interinos (hay algo más de 100.000 interinos en el sistema).

Aumentar el número de horas de trabajo de los empleados públicos es relativamente fácil. Lo que no es tan fácil es mejorar por decreto la productividad de los funcionarios. Uno de los grandes problemas que tiene esta productividad es la baja moral por una parte importante de ellos. Una parte de esa baja moral se explica porque las posibilidades de castigar a los malos trabajadores o premiar a los buenos no son las mismas que en la empresa privada. Por otro lado hay departamentos en los que sobran funcionarios, quizás porque en el baile de transferencias se han quedado sin gran parte de su ocupación. En otros pasa lo contrario. Quitar “el cafelito y el periódico” exigiría una reforma en profundidad de toda la función pública.