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La autodeterminación como derecho constitucional inexistente

Juan José Solozábal
martes 10 de julio de 2012, 20:59h
Parece que no nos podremos librar de la pesadez de la discusión sobre la autodeterminación. Es lo que tienen algunos pensamientos débiles, como el soberanismo del que es hijuela el debate, que compensan su falta de consistencia con la reiteración de sus tesis o demandas. El inconveniente es que invitan a la dejadez mental, pues de nada sirve, ante el consabido auditorio, esforzarse por la claridad o el brillo. No cambiarán, ni aprenderán. Es un esfuerzo inútil, pues no es precisamente el fuerte de las posiciones nacionalistas, ni mucho que les importa, su solidez argumentadora.

Lo primero que hay que decir es que hablando en serio, en nuestro ordenamiento constitucional no existe el derecho de autodeterminación, entendiendo por tal la facultad de un colectivo territorial de decidir libremente sobre su forma política, permaneciendo o separándose del Estado español. Este derecho no existe porque no está directa ni implícitamente reconocido en nuestro sistema jurídico. Y no es lógico que exista, pues sería contrario a las exigencias de fijeza y permanencia que todo Estado bien constituido necesita. Su admisión es contraria a la atribución de la soberanía que, por decisión constitucional corresponde al pueblo de la Nación española, esto es, a un sujeto que no admite en su seno fracciones con pretensiones contrarias a su homogeneidad. El cuestionamiento de la continuidad del Estado que supone el reconocimiento del derecho de autodeterminación, conduciría al debilitamiento de la organización política, dificultando el cumplimiento por su parte de las funciones que le corresponden, esto es, la garantía de la paz y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La pretensión de ejercer un derecho que nuestro ordenamiento no contempla supone una infracción constitucional que los poderes constituidos, esto es, el Estado, no puede consentir. A estas alturas, para quienes pudieran no haberse tomado en serio al Estado, después de las experiencias de los planes de Ibarretxe y de la reforma inconstitucional del Estatuto de Cataluña, se sabe de la suerte de los choques frontales contra el orden constitucional. Vamos a recordar que la primera obligación del Estado es defender su Norma Fundamental, puesta en cuestión con cada infracción constitucional. Del Estado y sus tribunales no cabe esperar ductilidad, ni transigencia, en las cuestiones constitucionales, sino estricta defensa del marco normativo fuera del cual perece la organización política común.

Por tanto no es caprichosa la inviabilidad de la autodeterminación en nuestro ordenamiento constitucional ni poco democrática su interdicción. El reconocimiento de este supuesto derecho quebraría el fulcro del Estado, esto es, la atribución de la soberanía al pueblo español, y debilitaría la eficiencia de la forma política común como organización al servicio de los derechos de los ciudadanos.

¿Y los derechos de los pueblos de España, de sus nacionalidades y regiones?¿Negaremos que la primera manifestación de los mismos sea precisamente la autodeterminación como el derecho capital a ser, del que se desprenderían los demás, en el terreno político, cultural, etc.? No nos movemos en el terreno fantasioso de las construcciones metafísicas, sino en el plano efectivo constitucional en el que los derechos son pretensiones verdaderamente actuables. Aquí, mientras no se reforme la Constitución, lo que las nacionalidades y regiones tienen es derecho a la autonomía, esto es, derecho al autogobierno y potestad legislativa propia, pero no soberanía “que corresponde al Estado en cuanto organización política de toda la Nación española” (STC 4/1981).

Pero señalar que en nuestro sistema no cabe el ejercicio del derecho de autodeterminación ni por tanto pueden presentarse como constitucionales aquellas decisiones, sea cual sea la forma en que se plantearan, al servicio de su realización, como referendums o consultas, y fuese cual fuese la naturaleza estatal o autonómica de sus patrocinadores o convocantes, no quiere decir que no quepa la defensa de la autodeterminación. Naturalmente que es lícito defender la autodeterminación y pretender la conversión de esta pretensión en verdadero derecho, mediante las consiguientes modificaciones constitucionales y legales, haciendo uso del la libertad de expresión y el derecho de participación, que son esencialmente abiertos e indeterminados materialmente, y que amparan no solo el ejercicio juicioso de tales facultades sino el arbitrario e incluso pernicioso, sin ser delictivo. Es más, no tengan la menor duda de que como consecuencia del carácter constitucional de nuestro sistema político, al final la democracia, expresada siempre a través de los cauces constitucionales, se impondría sobre las limitaciones de los procedimientos jurídicos, pues el Estado español no puede ser una cárcel para sus nacionalidades y regiones.

Así se presentan las cosas en el terreno efectivo del derecho, no en el plano de la especulación o los sueños metafísicos, en los “cielos de valores” de cada cual. Ceder en este terreno, transigiendo con el fraude constitucional o lamentando las estrecheces del marco jurídico, es debilitar nuestra fortaleza constitucional y conceder el protagonismo a las fuerzas nacionalistas cuyas credenciales racionales son débiles, basadas como están en la mitología identitaria y la insolidaridad. Pero de estos aspectos de las reclamaciones soberanistas y también del derecho comparado, Escocia y Canadá, mejor hablamos otro día.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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