¿España, intervenida “de facto” que no de palabra?

El acuerdo alcanzado en la madrugada de este martes por el Eurogrupo en el que se concede a España una primera ayuda de 30.000 millones de euros hasta agosto para sanear el sistema financiero, de los 100.000 previstos, no ha salido gratis a nuestro país, que ha visto como se le han impuesto hasta treinta y dos condiciones para poder acceder a los fondos de rescate europeos.

Analistas políticos consultados por este diario señalan quela firma de este acuerdo tiene dos vertientes, una muy clara, que la intervención del sistema financiero español por parte de la UE, al quitar competencias al Gobierno para dárselas al Banco de España, que a su vez tendrá un mayor control por parte del Banco Central Europeo, y establecer de las entidades consideradas “no viables”, las nacionalizadas y las que tienen dificultades de capital y no pueden obtenerlo en el mercado.

En el caso de las ayudas al sistema financiero el Memorando de Entendimiento firmado en Bruselas habla de obligaciones, dando por descartado la intervención europea, pero respecto a la economía española el acuerdo habla de recomendaciones macroeconomías que serán supervisadas, lo que plantea, según los analistas consultados, la pregunta de si “¿España está intervenida de facto, que no de palabra?, porque será muy difícil seguir accediendo a los 100.000 millones de euros que el fondo de rescate europeo tiene previsto para los bancos de nuestro país si no se cumplen también esas condiciones”.

Concretamente, el Memorando de Entendimiento firmado por el Gobierno establece cláusulas como la transferencia por parte del Ministerio de Economía al Banco de España, antes de final de año, de poderes sancionadores y de la capacidad para otorgar licencias bancarias, bajo el argumento de que “debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa de nuestro banco central. Como señalan los analistas políticos consultados por este diario, también los “hombres de negro llegarán a nuestro país”, después de que el Ejecutivo haya aceptado que una “troika” formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea verifique en intervalos regulares las condiciones firmadas y su cumplimiento mediante el envío demisiones trimestrales e informes por parte de España en el mismo periodo de tiempo.

También se especifican establecen cuatro clasificaciones para los bancos españoles, aunque sin citar nombres, y se exige el cierre de aquellos no viables. La primera categoría es la de aquellas entidades nacionalizadas y que son las que recibirán las ayudas de aquí a agosto, es decir, Bankia, Novacaixagalicia, Banco de Galicia y Catalunya Caixa”. La segunda se refiere a aquellos bancos que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. Estos dos grupos serían los susceptibles de liquidación por inviabilidad. En cambio, no habría problemas con aquellas entidades que quieren reforzar sus recursos y pueden recurrir a inversores privados ni con las que no tienen necesidad de algún tipo de ayuda, como el BBVA, Santander y Caixa Bank.

En relación a las “recomendaciones” macroeconómicas, el Eurogrupo vigilará “regularmente y de cerca” los compromisos españoles en cuanto a la reducción del déficit público y las reformas estructurales se refiere. Entre esas recomendaciones se encuentran la subida del IVA, la supresión de la deducción por compra de vivienda, la mejora de las políticas activas de empleo o la deducción fiscal por compra de vivienda”.

Conociendo lo que se venía encima, el PP ha anunciado hoy la petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados de veinticuatro ex altos cargos y actuales cargos gubernamentales y responsables y ex responsables de entidades financieras nacionalizadas para dar explicaciones de lo ocurrido durante los últimos años en el sistema financiero español. Las comparecencias serán de todos los colores, desde el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, hasta los ex vicepresidentes económicos de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes y Elena Salgado; pasando también por el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; su actual responsable, Luis María Linde, y por los ex presidentes de Bankia, Rodrigo Rato; de Caixa Catalunya, Narcis Serra; y del Banco de Valencia, José Luis Olivas.

Noticia complicada en el plano de la lucha antiterrorista. En una sentencia conocida hoy, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha calificado de ilegal la “doctrina Parot” aplicada a determinados etarras para evitar su salida de la cárcel acogiéndose a reducciones de condena aplicadas sobre los años máximo de cumplimiento y no sobre el total de la pena. La Corte ha reclamado la puesta en libertad y una indemnización de 30.000 euros de Inés del Río Prada, condenada por la comisión de veinte asesinatos, entre ellos los efectuados cuando formaba parte del “comando Madrid” junto con Ignacio de Juana Chaos.

Desde el Gobierno se ha reiterado que la “doctrina Parot” es constitucional y se ha asegurado que la etarra seguirá en prisión, pues ha anunciado un recurso sobre esta sentencia ante la Gran Sala de ese Tribunal.

Mientras, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha calificado de “repugnante” el hecho de ni Amaiur ni su portavoz en la Cámara Baja, Xavier Mikel Errekondo, hayan condenado esta mañana el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que un día como hoy hace quince años se encontraba y que fue vilmente ejecutado el 12 de julio de 1997.

Alonso ha asegurado que lo que han hecho Amaiur y Errekondo al negarse a condenar este crimen “es justificar y respaldar” el asesinato del concejal popular de Ermua a la vez que les ha recordado que el “contador sigue contando, cada vez más rápido”, en relación a una posible ilegalización de esta formación al estar ejerciendo comportamientos que están dentro de lo previsto en la sentencia del TC sobre Sortu para poner a un partido político fuera de la ley.