Función pública y racionalidad

No se esperan grandes acuerdos de la reunión que hoy miércoles mantendrán el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y los representantes sindicales de la función pública. Sobre el papel, los ajustes que también en esta materia han de producirse, tales como el aumento de la jornada laboral o la disminución de alguna paga extra, entre otros. No es popular, aunque sí de todo punto imprescindible. Tan imprescindibles como muchos de los puestos ocupados por médicos, guardias civiles, maestros y jueces, servidores públicos con un cometido vital.

Otros, en cambio, desempeñan funciones menos claras. Hay plazas dentro de las distintas administraciones cuya justificación se antoja cuestionable; sobre todo cuando aparecen duplicadas y repetidas entre varias administraciones. Durante la última legislatura, el empleo público creció en más de un veinte por ciento, en una proporción totalmente opuesta al privado. Y eso sí que no es sostenible. Asesores personales, días “moscosos”, duplicidad de funciones y liberados sindicales a cargo del erario público son cuestiones que deben replantearse. Las administraciones públicas adolecen de una organización como es debido: en unos casos, sobredimensionadas; en otros, por falta de personal cualificado -jueces, policías y guardias civiles, sin ir más lejos-. Y ya va siendo hora de que se impongan criterios de racionalidad.