Buscan reivindicar sus derechos
¿Quién escucha a los indígenas latinoamericanos?
miércoles 11 de julio de 2012, 10:39h
Los gobiernos socialistas latinoamericanos como los del presidente de Bolivia, Evo Morales,-de etnia aimara-, o el de la mandataria brasileña Dila Rousseff, parecen no escuchar las demandas de las comunidades indígenas, cuyos hábitat y formas de vida se ven hoy en día se encuentran más vulnerables que nunca por el "boom" económico de América Latina. Mientras una carretera amenaza con cercenar el Amazonía boliviano, el Mundial de Fútbol de 2014 y la ampliación del legendario Maracaná hacen lo propio con las tribus que coexisten en el norte de Río de Janeiro.
Aumenta el número de voces que intentan reivindicar el derecho de los pueblos indígenas latinoamericanos, a medida que disminuye el número de gobiernos dispuestos a escucharlas.
Los indígenas que marcharon más de dos meses entre la Amazonía y La Paz y acamparon 14 días cerca del Palacio de Gobierno anunciaron que este miércoles abandonarán la ciudad tras no haber sido recibidos por el presidente Evo Morales para pedirle que no construya una carretera en una reserva natural.
Los dirigentes de los nativos informaron en discursos que partirán a la ciudad oriental de Santa Cruz y a sus comunidades para defender el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), donde Morales proyecta construir la obra vial.
"Hemos marchado 64 días, hemos estado aquí 14 días viviendo solo discriminación, viviendo solo humillación de este Gobierno nacional, de Evo Morales y sus ministros, eso es lo que hemos recibido", dijo la dirigente indígena Bertha Bejarano en su discurso.
La líder sostuvo que los nativos, que caminaron por segunda vez en un año 600 kilómetros desde la Amazonía, pedían respeto a sus derechos reconocidos en la Constitución y no tenían la intención de promover un golpe contra Morales, como éste ha denunciado.
Desde que llegaron a La Paz el 27 de junio, los indígenas cercaron la Vicepresidencia, acamparon cerca del Palacio de Gobierno y fueron reprimidos violentamente por la policía cuando intentaron pasar las barricadas para llegar a la Presidencia.
El Gobierno condicionó varias veces el diálogo con la columna de la marcha al cuestionar a sus dirigentes, firmó acuerdos con varios de los sectores afines para validar su proyecto de carretera y logró que decenas abandonen la protesta en La Paz.
Las autoridades impulsan una consulta entre las etnias que respaldan la construcción de la obra vial con el argumento de que ayudará a reducir su pobreza y favorecerá la integración entre la región central de Cochabamba y la amazónica de Beni.
Sin embargo, los nativos sostienen que la carretera destruirá la reserva ecológica y permitirá a los campesinos que habitan la zona vecina del Chapare ampliar sus cultivos de coca, base de la cocaína.
Los sindicatos de cocaleros de esa zona reeligieron el domingo a Morales como su líder principal, cargo que ocupa desde hace 16 años. El dirigente indígena del Tipnis Fernando Vargas afirmó que frenarán la consulta en la reserva porque la consideran ilegal y porque causará la destrucción del parque, que es una reserva de 1,2 millones de hectáreas donde habitan 14.000 nativos.
Otros indígenas dijeron que defenderán el parque con "arcos y flechas" cuando el Gobierno llegue al Tipnis para hacer la consulta. Los nativos, que ya hicieron una primera marcha entre agosto y octubre de 2011, exigen a Morales que respete una ley que él mismo promulgó entonces, prohibiendo cualquier vía en el Tipnis, aunque luego el mandatario cambió de opinión para impulsar la consulta.
Los grupos tienen previsto partir este miércoles primero a Santa Cruz para defender, según dijeron, la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia que hoy se disputan con sectores leales a Morales, y luego volverán a sus comunidades en la Amazonía.
Los Nasa Vs. las FARC
Los indígenas bolivianos no se encuentran solos en la lucha por la reivindicación de sus tierras. La comunidad Nasa que habita en el departamento colombiano del Cauca, han exigido a las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) que se retiren definitivamente de sus territorios. Un llamamiento que la narcoguerrilla ha "eludido", según reveló el secretario de Gobierno del municipio de Toribío, Miller Correa.
"Unos 300 guardias y unidades indígenas salieron al área rural en busca de la guerrilla pero no hubo prácticamente encuentro ni diálogo porque la guerrilla los eludió", dijo Correa en una conversación telefónica desde su municipio.
Los rebeldes, al parecer, "trasladaron sus campamentos como suelen hacerlo", admitió el funcionario municipal. La situación este martes "es de completa calma", añadió Correa.
El lunes centenares de indígenas llegaron a Toribío para exigir a las FARC y la Policía "a la fuerza" que abandonen las armas y permitan que se imponga la paz en su territorio que incluye a más de una docena de localidades.
Los nasas levantaron las barricadas de sacos de arena y palos que rodeaban el cuartel policial de Toribío, a unos 350 kilómetros al suroeste de Bogotá.
Pero este martes el despliegue de tropas y refuerzos de la Policía en ese municipio obedece al consejo de ministros que anunció el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para este miércoles, en el que se analizará la situación de las últimas semanas en el departamento del Cauca.
"Hay mucha presencia militar. La gente ha empezado a retornar a sus actividades como de costumbre, y algunos con mucha expectativa de lo que se va a presentar mañana. También muchos de los pobladores que salieron el viernes empezaron a retornar al municipio", añadió Correa.
El funcionario precisó que del casco urbano, de un poco más de 3.000 habitantes, salieron entre el viernes y el domingo un total de 1.278 personas por temor a los hostigamientos de las FARC y a los enfrentamientos de la fuerza pública con esa guerrilla, según un censo de la alcaldía.
Muchas de esas personas "empezaron a regresar", subrayó Correa, quien destacó también que en el municipio prosigue la presencia de centenares de guardias indígenas y de unidades de la Asociación de los Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Los hostigamientos de los rebeldes desde las montañas vecinas con el lanzamiento de bombas artesanales y algunos disparos, dejaron unas seis personas heridas. Junto a las zonas rurales, Toribío tiene una población de unos 35.000 habitantes y de ellos el 78 % son indígenas.
El portavoz de Acin, Feliciano Valencia, indicó a Efe también este martes que en la visita de Santos y los ministros, los indígenas van a presentar "una propuesta de desmilitarización" y advirtió que "si no salen de aquí los sacamos nosotros".
Explicó: "desde ayer somos más de 1.500 personas tratando de sacar de Toribío a los actores del conflicto como ya hicimos en Miranda", otra localidad del Cauca.
"Ellos (los miembros de la Policía) nos dijeron que no van a chocar con la gente civil aunque seguirán las órdenes del Gobierno, que es permanecer aquí. Dicen que si los civiles les respaldan, se retiran", indicó Valencia.
El portavoz de Acin recordó que desde el lunes "la guardia indígena entró en el monte para derribar también los campamentos de la guerrilla". Valencia denunció el cansancio de la población después de tantos años "de guerra" y pidió el acompañamiento de organismos internacionales para que se permita el ingreso de los indígenas a los campamentos rebeldes para exigir el cese de fuego.
"El arma nuestra siempre es la palabra y el diálogo, y también las herramientas jurídicas como la consulta previa y la Constitución", concluyó Valencia.
La amenaza del Mundial de 2014
Las voces de las comunidades indígenas no sólo buscan hacerse escuchar en el marco de conflictos sociales y políticos. También la celebración de un evento tan esperado como el Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil, puede suponer un grave daño para el hábitat y la supervivencia de diversas tribus nativas.
Así lo denunció este martes un reportaje de la web "DW", en el que se relata como el primer museo indígena en Latinoamérica, situado al norte de Río de Janeiro, se ve amenazado por las obras de remodelación del Maracaná y en donde viven cerca de 30 indígenas de diferentes etnias.
El edificio también acoge allí a la Organización para los Derechos de los Indígenas (FUNAI), que busca velar por el patrimonio e integridad de estas comunidades que en los últimos meses han sido víctimas de crímenes violentos, pese a que Brasil ratificó la Declaración de los Derechos de los Indígenas de Naciones Unidas, el Consejo Indigenista (CIMI).
El trato inhumano que la potencia suramericana le da a la población indígena ha sido duramente condenada por Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, que alega que unas 30.000 personas serían desplazadas con motivo de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol en Brasil.