Amazonía

Los gobiernos socialistas latinoamericanos como los del presidente de Bolivia, Evo Morales,-de etnia aimara-, o el de la mandataria brasileña Dila Rousseff, parecen no escuchar las demandas de las comunidades indígenas, cuyos hábitat y formas de vida se ven hoy en día se encuentran más vulnerables que nunca por el "boom" económico de América Latina. Mientras una carretera amenaza con cercenar el Amazonía boliviano, el Mundial de Fútbol de 2014 y la ampliación del legendario Maracaná hacen lo propio con las tribus que coexisten en el norte de Río de Janeiro.

El municipio amazónico de Sao Félix do Xingú en Brasil, le acompaña la fama de ser el mayor destructor de la principal selva tropical del mundo; sin embargo en los últimos años esta localidad ha dejado la maña de la deforestación para reconvertirse en un ejemplo en la lucha para la conservación y el desarrollo sostenible.

La designación, aún preliminar, del Amazonas como Maravilla Natural ha sido recibida con esperanza por los nativos de la Amazonía peruana, que se esfuerzan en que su cultura, sus territorios y sus derechos sean reconocidos por los demás peruanos.

El Ejecutivo a cargo del presidente de Bolivia, Evo Morales, inició este domingo una consulta popular a los indígenas del parque natural Tipnis, con el fin de validar la construcción de una carretera que dividirá dicho territorio amazónico y el cual ha provocado en los últimos meses un intenso y prolongado conflicto entre nativos y el Gobierno.

El Congreso de Brasil votará este miércoles la polémica ley de bosques, con la cual pretende sustituir a la legislación actual, que data de 1965, para ampliar los límites a la actividad agropecuaria y la normativa del uso general de los suelos rurales. Una medida que ha recibido duras críticas por parte de organizaciones ecologistas, que la consideran "catastrófica" para la Amazonía porque concede permiso a un aumento de la devastación de las selvas.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa respondió con una "contra marcha" la protesta encabezada por indígenas amazónicos en contra la apertura de una mina en el municipio de El Pangui, que operará durante 25 años la empresa Ecuacorriente, de propiedad china.

El Senado brasileño aprobó por 59 votos a favor y siete en contra una polémica reforma del Código Forestal que aumentará la extensión de terreno no protegido dentro del Amazonas, a fin de utilizarlo para la la explotación agropecuaria y maderera. Lo que ha provocado la crítica y resistencia de grupos ambientalistas como Greenpeace, que han tachado la decisión de "golpe mortal" contra el Amazonía que abrirá las puertas para una mayor deforestación.