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De nuevo el Consejo General del Poder Judicial

miércoles 11 de julio de 2012, 20:30h
No hay mejor negocio jurídico y político que tener buenos Jueces, algo que sin embargo no ha sido tenido en cuenta por nuestro legislador, ni en cantidad ni en calidad.

Respecto de la cantidad, es evidente que siguen faltando Jueces, si bien los vaivenes en el número de convocatorias para la selección y en el número de plazas en cada una de ellas, ha resultado en políticas erráticas, que provocan una gran asimetría en la calidad de los seleccionados. Cierto que en general han sido más que aceptables las cualificaciones de quienes han logrado acceder a las plazas de Jueces y Fiscales. Pero causa asombro que ante la evidencia de una necesidad imperante de Jueces y Fiscales, no se haya sido capaz de programar y planificar ese recurso en un plazo al menos medio. La muy cara y costosa Escuela Judicial, debería haber servido para realizar este trabajo, tanto en la fase de estudio como en la de persuasión institucional de tal necesidad con las técnicas académicas e institucionales apropiadas. Por cierto, hay que revisar el tiempo de permanencia de los Jueces en esta Escuela, ya que el tiempo actual parece excesivo y probablemente perpetúa en gran medida la visión teórica del futuro Juez. Hay que cambiar el programa de la Escuela, contando mucho más con recursos especializados y completamente prácticos.

Son las Asociaciones Judiciales, hoy, la mayor rémora al cambio. Han sustituido, con ventaja “pro domo sua”, los criterios individuales basados en el mérito y la capacidad, por los criterios asociativos, marcados por la arbitrariedad propia de la política, donde los individuos no cuentan ni logran resultados por sí mismos, sino que son la devoción y fidelidad al jefe los que resultan de aplicación para promocionar dentro de la carrera judicial y fiscal. De esta manera, atacan a la independencia de cada Juez, el cual, si quiere subir y lograr puestos de interés y responsabilidad, también por tanto de poder, tendrá, deberá someterse al dictado de los jefes asociativos. En definitiva, de los partidos políticos, auténticos promotores de las asociaciones, sin perjuicio de que en la lógica de la acción colectiva, al final, las propias asociaciones, puedan ocasionalmente rebelarse contra el patrón cuando sus prerrogativas, privilegios y prebendas, puedan quedar amenazadas (pero sólo en estos casos).

De esta manera, el Juez no asociado no logra por sí mismo nada. Y lo dicen nada menos que numerosas Sentencias de la Sala III del Tribunal Supremo. No es una cuestión doctrinal ni una opinión académica. El propio Tribunal Supremo lo reconoce paladinamente en varias Sentencias .Nótese en esta línea como todas las Asociaciones han saltado unánimemente para criticar las declaraciones sobre la posibilidad de modificar la elección de los Vocales y la reforma del sabroso status quo de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Todas a una, han gritado al unísono para evitar que sus prebendas - a empezar por la primera y más importante: estar ahí y controlar los nombramientos de la carrera judicial y de la fiscal– puedan cuestionarse.

La consecuencia de la politización de la Justicia es más que evidente: domesticar al Poder Judicial por parte de los Partidos Políticos. Son los miembros de la clase política los que al final son ganadores en este juego donde el buen juez anónimo es el perdedor nato. Y de eso, tenemos experiencia comparada enorme, si se sigue ya el paso hasta el final, como ha sucedido en Venezuela, Bolivia, Ecuador, también ya en Argentina. Los jueces, ahí, son al final, producto de la política y de la clase política. Y ello tiene consecuencias enormes para los ciudadanos, los administrados, las empresas, en fin, para la sociedad.

Por eso, para entender al Juez y ver cómo se sitúa en la carrera y en definitiva en la sociedad, hay que dividir el análisis en dos grandes partes. De un lado, atender al examen sobre el Poder Judicial, su sumisión a la Ley y al Derecho, la gran cuestión del principio de legalidad, también lo que supone el Estado Social y el denominado Estado Democrático de Derecho. Y todo ello, teniendo de fondo el telón del Derecho Administrativo, que es esencial si se quiere concretar lo que supone la Constitución y el Derecho Público en su aplicación cotidiana, en la vida de todos los días. Porque hay que saber si se puede confiar en un sistema de Derecho Administrativo o éste, simplemente, no es un sistema sino una desagregación gárrula, abigarrada, turbada de normas y hechos de toda clase que se acumulan desordenadamente y de los que se puede hacer selección para el logro de los propósitos fijados de antemano por el Poder. Porque no quepa duda de que es el Poder, al final, el que resulta ganador neto de todas estas enmarañadas situaciones, en las que entra como cuchillo en mantequilla para cortar cualquier resistencia.

Pero luego en concreto esas reflexiones hay que llevarlas al espinoso tema del Poder Judicial en su aplicación práctica. Y aquí, de nuevo, el Derecho Administrativo tenía respuestas solventes y bien probadas para garantizar mediante transparencia y competencia, el resultado de la selección; esto es, mediante un concurso de méritos. Pero claro está, eso equivale ya a dar poder al Derecho y no dejarlo esquilmado, vacío, debilitado, si no completamente débil. Un concurso de méritos garantiza la solvencia y robustez de quienes han ido mostrando en sus res gestae que la solución de los problemas y conflictos tendrán la más alta y cualificada respuesta en la cumbre judicial siempre, por la potísima razón de la propia calidad de sus miembros, absolutamente independientes al tener como único orgullo haber dependido de sí mismos en sus logros, en su promoción. Independientes que, así, no deben nada al Poder, al que, por consiguiente, tampoco temen. Ni deben ni temen: este es el Juez independiente, exactamente en las antípodas del Juez deudor y agradecido de su nombramiento promocional a quien efectivamente ha hecho de patrón suyo.

En España, desde la nefasta reforma de la Ley Orgánica reguladora de la institución, hemos ido a peor. Nunca estuvo tan decaído el Consejo, tan en boca de todos, tan violento en sus expresiones y en la manifestación pública de lo que es. La supresión del Consejo, sería una posible solución, ya que como han dicho incluso políticos próximos a la ideología patrocinadora de aquella reforma in pejus, es un órgano prescindible y que de hecho no existe en muchísimos países de mayor raigambre democrática que la nuestra, y apenas Italia – modelo mejorado del nuestro – parecería tener un órgano semejante (ya que ni Francia ni Portugal son tampoco parecidos y no digamos del resto de países de la Unión Europea). Y en otros países donde sí existen, incluso con matriz referenciada al nuestro, más vale no ponerlos de ejemplos de Estado de Derecho ni de independencia judicial.

No hay mayor independencia que ser independiente de quien te nombra. Y eso, que está conseguido plenamente desde hace ya más de un siglo en el sistema de acceso, tendría que servir asimismo para la promoción durante la carrera.

En resolución pues, aun siendo importante y del mayor interés la cuestión de la elección de los miembros, todo se centra a mi juicio, en el sistema de promoción de los propios Jueces. Si se consiguiera alguna vez que fuera el concurso de méritos el sistema de promoción, además de poner en cuestión muchas de las políticas del Consejo por haberse apropiado durante años de la carrera de tal manera que podemos identificar perfectamente los jueces que son discípulos hoy de tal o cual Vocal, se conseguiría que fueran los más preparados, los más laboriosos, también los más independientes, quienes estuvieran en los puestos de promoción de la carrera judicial y, con ello, al final, de la Justicia entera.

Quizás sea soñar, pero es necesario definitivamente, creer en el Derecho. Máxime en una época en que no hay otros valores. Pero si seguimos perdiendo el Derecho en todo para sustituirlo por la Política, no hay duda alguna de que el ciudadano y nuestro propio país, resultan perdedores natos en todas las cuestiones en que haya o se suscite algún conflicto. Porque no será el Derecho, fiable, conocido, criticable desde parámetros que garanticen la mejora de las resoluciones, sino que será la Política, con toda su arbitrariedad necesaria, la que caprichosamente venga a adoptar la solución, que por eso mismo será una solución imprevisible, probablemente injusta, de corte más componedor que racional, sin seguridad alguna. En fin, una solución que no es tal, que no responde ni a convicciones ni a principios, sino a la contingencia como única vis decidendi.
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