El artículo 155

Me refiero al citado artículo de nuestra actual Constitución. Y vaya por delante que, dada su gravedad, lejos de mi propósito la incitación a la inminente aplicación. Conformo el sentido de estos párrafos en un testimonio escrito de que “está ahí” como aviso a navegantes. Y del estar ahí, como algo regulado, todo puede venir en un presente o mediano futuro.

Si somos capaces de pensar objetivamente, sin posturas previas, lo que los medios de comunicación nos “ofrecen” cada día como frutos de acontecimientos y declaraciones de algunas Comunidades Autónomas, no se puede albergar un ápice de optimismo. El Estado se está convirtiendo, a grandes pasos, en una auténtica sangría sin orden ni concierto. Se anuncia previamente por los políticos de turno que lo que no les conviene no lo pondrán en práctica. No creo necesario pormenorizar en ejemplos concretos. Únicamente señalaré que, aunque estemos ante un panorama que puede aparecer aquí o allá, el caso de Cataluña lleva la antorcha en temas bien vivos (el nuevo Estatuto y el largo tiempo en el Tribunal Constitucional, el tema del idioma, las “agencias” fuera de España, etc.).

Pues bien, aunque poco se aluda a él, el artículo 155 de nuestra Constitución contempló estos actos. Si una Comunidad no cumple las obligaciones de la Constitución u otras leyes o “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno, tras unos obligados pasos, podrá adoptar las medidas necesarias para requerir y obtener el “cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Y, para la ejecución de las medidas que se adopten, “el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Debe el interesado lector deducir si los casos se dan con alto nivel, si se está dañando seriamente el interés general para toda o parte de la ciudadanía y si hemos de continuar la sangría estatal que, sin duda, padecemos. Padecemos y, en gran parte, pagamos, algo que no se le está pasando por alto a la misma Unión Europea. Ni para quien estas líneas deja escritas, aunque sea como puro testimonio. Incluso, por desgracia, también el tema ya tuvo precedentes con el litigio entre el Parlamento catalán y el Tribunal de Garantías Constitucionales durante la Segunda República. ¿Habrá que esperar la repetición?