El Consejo de Ministros se ha centrado esta mañana en el "trasvase temporal" de agua del Ebro a Barcelona además de en el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica.
La decisión de la conducción del agua atiende a la situación de emergencia que se está viviendo, ya que si no se actúa inmediatamente, en octubre los ciudadanos de Barcelona no tendrán agua para beber. Además, Fernández de la Vega ha declarado que son 5 millones las personas las que tienen problemas de suministro y sería imperdonable no llevar a cabo soluciones al respecto.
El Gobierno de España, junto con la Generalidad de Cataluña, ha estado estudiando distintas alternativas hasta llegar a la misma solución: conducir el agua que actualmente llega a Tarragona, hasta Barcelona. De la Vega ha insistido en que "no se trata de un trasvase, ya que no se extrae ni una gota más del caudal del Ebro, por lo que estamos hablando de conducción de agua que ya está en circulación".
Se trata de una solución temporal que sólo se utilizará hasta que entre en servicio la desaladora del Prat o la situación ya no sea de emergencia, según palabras de la vicepresidenta del Gobierno.
La conducción se llevará a cabo a través de una tubería de un metro de diámetro que unirá Tarragona y Abrera. Este sistema no tiene impacto medioambiental porque se va a aprovechar el tramo de la autopista AP7. La obra va a tener un coste de 180 millones de euros y llevará 6 meses de trabajo.
Preferencias De acuerdo con lo declarado por María Teresa Fernández de la Vega, no se trata de preferencias ya que si se necesita, lo volverán a hacer sea donde sea. "Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y es responsabilidad del Gobierno garantizar que en toda España compartamos en igualdad los recursos de todos" apuntó de la Vega.
Además la vicepresidenta ha hecho referencia al sistema que se utilizó entre 1999 y 2001 en Benidorm y entre 2006 y 2007 en Valencia, que fue el mismo.
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