“Almas muertas” en la Seguridad Social

La secretaria general del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, acaba de difundir datos tan sorprendentes como significativos. Al cruzar los datos de su departamento con los del Ministerio de Hacienda, se ha descubierto que más de 150.000 tarjetas sanitarias de personas fallecidas seguían en activo. Resulta imposible calcular en estos momentos hasta dónde asciende la cuantía del fraude que durante la última década –desde el 2002 hasta la actualidad- ha provocado esta masiva malversación, pero sí da una imagen clara de la ineficacia estructural y la mentalidad retrógrada de quienes se han lucrado con tan bochornoso recurso, pues el tráfico de esas tarjetas de la Seguridad Social de fallecidos recuerda la historia del célebre relato de Gogol, Almas muertas, donde se negocia con las células de identidad de los siervos muertos en las grandes haciendas rusas haciéndolos pasar por vivos gracias a la ineficacia del censo zarista en el siglo XIX.

El censo español de tarjetas sanitarias acaba de ser depurado de carambola y por pura casualidad, ya que sólo las nuevas leyes de copago farmacéutico obligaron a cruzar los datos de uno y otro ministerio. De no haberse tomado las medidas del copago o repago, habría seguido engrosándose un fraude que se inició en 2002 y tenía trazas de incrementar su volumen indefinidamente de no haberse agudizado la actual crisis económica. Es una señal que todo lo que se considera gratuito –aunque diste de serlo- empeora y que todo lo que se paga y se mide mejora.

Se da la circunstancia inaudita de que el Ministerio de Sanidad no puede calibrar las proporciones económicas de esta malversación porque los datos del uso de estas tarjetas sólo pueden tenerlos las Comunidades Autónomas, quienes a su vez no podían detectar el engaño porque desde que se hicieron cargo de los Servicios de Sanidad dejaron de cruzar los datos con la administración estatal. ¿Cuántos limbos administrativos de esta índole se han instalado en nuestra estructura administrativa y cuál es la verdadera dimensión del gasto inútil que ha provocado, y sigue provocando hoy por hoy? Esta es una pregunta inquietante instalada con toda lógica entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía. Es urgentísimo adelgazar el conjunto de las administraciones y rectificar a fondo el dibujo del Estado autonómico si no queremos que el lastre hunda nuestra economía. La fragmentación y descoordinación que muchas veces se nos vendió como una vía de progreso, demuestra, dato tras dato, que no fue más que una retrógrada vuelta a una ineficiente y trasnochada concepción de lo estatal superada hace siglos por las naciones más avanzadas.

Los datos que nos ha proporcionado últimamente el Ministerio de Sanidad apuntan a otro mal que no se circunscribe al crecimiento laberíntico de la administración y a la negligencia por parte de los altos cargos. Según información de la ministra Ana Mato, se han detectado 800.000 titulares de la tarjeta sanitaria que no estaban dados de alta en la Seguridad Social y de 200.000 que figuraban como pensionistas sin serlo, con el fin de no pagar los fármacos que consumían. Estas circunstancias apuntan a amplias capas sociales situadas en la picaresca y en una mentalidad justificadora del fraude. Mala señal para un país que debe rearmarse con una ética de la responsabilidad personal, fuertemente erosionada durante mucho tiempo incluso en un área tan básica y sensible como la educativa.

De poco servirá las grandes reformas políticas que se reclaman, si se aplican a una sociedad que repele asumir sus responsabilidades y no censura moralmente hechos tan hirientes como traficar con la documentación de sus familiares fallecidos, algo que sin duda evoca la vulgaridad moral y la mentalidad pasiva y caduca denunciadas por Gogol en Almas muertas, que nos es urgente erradicar. No es cuestión de cargar siempre sobre gobiernos y políticos, sean del color que fuere: la democracia y la economía de mercado es, para empezar, un ejercicio de responsabilidad individual de los ciudadanos.