Por un sistema de peajes homogéneo

Cerrar los ojos a la realidad, por muy dolorosa que sea esta, no conduce a nada. Vivimos momentos muy difíciles, en los que la brutal crisis económica que padecemos obliga no solamente al Gobierno a tomar firmes medidas que impidan la definitiva caída en el precipicio, sino a que la sociedad en su conjunto cambie una mentalidad acostumbrada en general a pensar que “papá Estado” corre con todos los gastos. En época de bonanza parecía que el Estado de bienestar no tendría fin. Pero no ha sido así y hoy, si queremos salir de la crisis, resulta perentorio asumirlo.

En este contexto, hay que ser muy conscientes de que determinados servicios no pueden seguir siendo pagados por unas arcas públicas a punto de la bancarrota. De ahí que la petición del Gobierno de la Generalitat, que preside Artur Mas, de que el Ministerio de Fomento extienda al resto de España los peajes en las autopistas, como ya sucede en Cataluña, no deja de ser razonable. El conceller de Territorio de la Generalitat, Lluís Recoder, ha señalado que no es bueno que se piense solo en subir el precio de los peajes catalanes, sino que lo óptimo sería encontrar un sistema “homogéneo y justo”, que iguale precios y se apliquen en toda España.

La existencia de los peajes en Cataluña ha originado la plataforma Prou Peatges (Basta de peajes), que ha incrementado las protestas tras las subidas, instando incluso a que los automovilistas se salten las barreras. Una actitud incívica que no aporta ninguna solución, al contrario de la postura de la Generalitat que aboga no por la eliminación de los peajes en Cataluña sino por una mayor implantación de estos en otras Comunidades.

No es descabellado que el mantenimiento de una red de excelentes carreteras, como el que hoy tiene España, lo sufraguen quienes transitan por ellas, como ocurre en numerosos países europeos. Y no sean todos los contribuyentes, las utilicen o no, los que tengan que hacerse cargo de ello. Quizá el establecimiento de un sistema de peajes en toda España supondría una ayuda que paliase el galopante déficit público, y el Estado podría emplear lo recaudado por los peajes en otros servicios públicos absolutamente esenciales. Si no queremos que el Estado de bienestar prácticamente se elimine por la existencia de una realidad de fortísima crisis, deberíamos asumir el necesario pago por determinados servicios.