Rubalcaba y el juego limpio

El Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez instruye diligencias sumamente graves sobre las actividades de la empresa Interligare S. L., creada y dirigida por exaltos cargos del Ministerio del Interior en la época en la cual Alfredo Pérez Rubalcaba era responsable de esa cartera. La Policía Judicial les atribuye delitos de cohecho, falsedad documental, estafa, tráfico de influencias y fraude a la Seguridad Social. Según la Brigada de Delincuencia Económica la malversación, en términos económicos, asciende a una cuantía mayor de dos millones de euros. Tanto o más grave aún pudieran ser las supuestas acciones de espionaje político cuando los ex-altos cargos ahora investigados alquilaron una oficina situada curiosamente a escasos metros de la sede central del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid. Así, un informe de dicha Brigada plantea que esa oficina quizá se usó como base para efectuar escuchas telefónicas al, en esos momentos, primer partido de la oposición.

Acusaciones tan graves de la Policía Judicial deben seguir su curso y completarse con nuevas investigaciones que esclarezcan el fondo del asunto, ya que nuestra clase política –en el último y reciente barómetro de CIS está en un lugar muy destacado de las preocupaciones ciudadanas - no puede aguantar más descréditos de esta categoría sin que pueda llegar a afectar a la propia credibilidad del sistema democrático, lo que sería realmente muy preocupante. Pero no será difuminando o encubriendo hechos de esta índole como se evite el descrédito, sino depurándolos con la mayor transparencia. Desdichadamente demasiados altos cargos del Ministerio del Interior fueron condenados en el reciente pasado por actos delictivos de suma gravedad.

Del mismo modo, es hoy de idéntica importancia no volver a caer en el error, tantas veces repetido, de desencadenar un juicio mediático paralelo, con campañas de desprestigio y “sentencias” absolutorias o condenatorias en foros absolutamente inapropiados, que a veces incluso ha recalado en la más inasumible telebasura. Sin ir más lejos, el PP no habría de pagar con la misma moneda al PSOE, que condenó sin paliativos a políticos de la oposición cuando fueron imputados o simplemente señalados con el dedo de los medios de comunicación, sin esperar a las sentencias, que, en más de una ocasión, fueron absolutorias. Siempre debe prevalecer la presunción de inocencia en tanto no se produzca una sentencia judicial. Por ello mismo, también resulta fundamental que no sigan produciéndose filtraciones de sumarios declarados secretos, para ser utilizados según las conveniencias de unos y otros: el daño que esto ocasiona a la Justicia es severo.

Tampoco parece que contribuya a una normalidad democrática, el trato hostil a los medios de comunicación de los responsables políticos que deben comunicarse francamente con la población. Este es el caso ahora de Alfredo Pérez Rubalcaba, en el ojo del huracán por las investigaciones sobre Interligare, que se niega a responder cualquier pregunta sobre la cuestión, e incluso suspendió una rueda de prensa. Rubalcaba no es lego en salirse por la tangente, tanto frente a los medios de comunicación como en sede parlamentaria, en lo que es cuando menos una falta de respeto hacia la ciudadanía que tiene derecho a recibir información clara y puntual de los responsables políticos. El líder de la oposición podría haber elegido múltiples formas para dar información: responder a las preguntas o, al menos, emitir un comunicado. Pero Rubalcaba no hizo nada de esto, acogiéndose a la evasiva de que no sabía nada sobre el asunto porque se había dedicado a preparar la visita a Berlín –donde se ha reunido con sus correligionarios del SPD-, y su tiempo libre a seguir los Juegos Olímpicos. Elogiable dedicación, que lo sería más si le hubiera servido para empaparse de la esencia del olimpismo: el juego limpio. Algo que no parece relucir en la excusa elegida. Pérez Rubalcaba debe jugar limpio con la opinión pública, más aún sabiendo que donde no se da información se fomentan los rumores, y todavía más cuando resulta evidente que si el caso Interligare, ahora en trámites judiciales, desembocase en una condena, supondría el final de su carrera política.