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TRIBUNA

Un programa para el país

viernes 10 de agosto de 2012, 08:44h
Si hubiera en nuestro país una tradición de “Centros de Estudios” o “Comités de Expertos” al modo de los ingleses y norteamericanos, no cabrían dudas razonables de que ya habrían dado su diagnóstico de la situación. Naturalmente, hacerlo es muy caro, no se consigue fácilmente la información y existen inmensas, enormes, resistencias a facilitar información en nuestro país sobre los temas públicos.

Efectivamente, se huye totalmente de la luz, de la transparencia, que es el gran principio que sirve para aunar correctamente democracia con estado de Derecho. Es más, cuando ha empezado, tímidamente, de la mano de Directivas de la Unión Europea a echar a andar este principio, de inmediato los autores hispanos han comenzado a poner el grito en el cielo indicando que si se tiene transparencia se viola la protección de datos personales. Así, por ejemplo, se ha empezado a decir que si se conocen a quien se da las subvenciones en materia de violencia de género o de drogodependencia, “como el tema es muy delicado” resulta que se violarían la protección de los datos (suponemos de quienes pidan las subvenciones, esto es, de las propias asociaciones) con lo cual se propugna que nadie sepa a quien se entregan esas cantidades. O, por ejemplo, circulan por internet lo que ganan los beneficiados de determinados Rectores de Universidades (cargos, asesores), lo cual debería ser público directamente, ya que no se trata de conocer lo que gana fulano o mengano, puesto que sus ingresos pueden ser muy distintos de los que perciben solo por su empleo en una Institución; lo que interesa es saber en qué se gastan los dineros, en este caso, las Universidades Públicas. Y así sucesivamente, ya que, por ejemplo, si un director de una empresa pública (de una de las cientos de empresas públicas autonómicas o locales, ¡qué digo cientos, miles, realmente miles!, se arregla el despacho y gasta 300 000 euros en acomodárselo, eso es algo que tiene que estar en la luz pública y que pueda ser parte del debate público ( y quizás no me esté inventando el caso sino que es muy real, de un político, casado con una política y ambos todos los días en sus flamantes coches oficiales. ¿Por cierto, Esperanza Aguirre, para cuando la supresión de los coches oficiales en la CAM?)

Es en las Comunidades Autónomas donde más hay que hacer transparente la gestión y donde más hay que recortar. Si los segundos se rebelan frente a los barones, éstos tendrán que saber tomar la decisión de cesar a quienes se opongan. Pero como eso, hoy por hoy, es soñar (soñar con tener líderes y no engolfados en el cargo, soñar con políticos absolutamente austeros y honrados,) solamente se puede confiar en el principio de transparencia impuesto desde Bruselas. Si no, no hay solución.

Pero volvamos al eje del artículo: la idea de centros de estudios y análisis encargados de ir ofreciendo datos y hechos a la sociedad civil, es algo propio de países civilizados y cultos, países con personalidad que son capaces de mirar directamente y con buena luz a los datos y así realizar la crítica correspondiente, promover un debate, incluso una fuerte discusión, y todo ello desde una perspectiva racional esto es, donde la pasión y las emociones pasan a ser la segunda derivada de la disputa o del encuentro, pero, insisto, donde de forma racional se producen esas importantes aportaciones.

No existe tradición alguna en nuestro país, ni reglas para gestionar la fórmula adecuada de debatir (Vid mi artículo en EL IMPARCIAL sobre Chatham House Rules), ni en definitiva el menor interés en realizar una gestión independiente de los datos y hechos que afecten a la vida pública, porque está todo tan entrelazado y tan dependiente siempre de los poderes públicos que no existe capacidad en la sociedad civil para conseguir ese objetivo.

Pero sería esencial lograrlo. Porque con luz, los privilegios y monopolios, las prebendas y dádivas, los beneficios regalados, en fin, el ataque sistemático al mérito y la capacidad, quedarían totalmente en entredicho. Y eso es lo que se trata de impedir, finalmente. Porque con un buen análisis de datos, conociendo y teniendo acceso a las fuentes que permitan conocer los datos de las prebendas pública, por ejemplo un presupuesto desglosado y desagregado de la totalidad de la galaxia municipal examinando en un Ayuntamiento quienes son y lo que hacen en el cuerpo principal del mismo y en todas sus empresas, dependencias, fundaciones, etc, resultaría que sí se podría sacar a la luz pública todo lo que es necesario que conozca el ciudadano.

Helen Kennedy, hoy Baronesa en la Cámara de los Lords, procedente del laborismo, ha puesto de manifiesto en varias ocasiones la necesidad de mejorar la calidad de la democracia, con advertencias serias de la desafección de los ciudadanos. Y lo hace en un país, como Gran Bretaña, que está a años luz de España y sus Autonomías en todo lo que hace a la transparencia. Y en efecto, es la calidad de la democracia lo que está en juego.

En un centro como el imaginado, sí sería posible recopilar y colectar datos suficientes como para hacer un seguimiento de lo que están haciendo los políticos, los sindicalistas, en fin, toda la caterva enorme de gente que, como éstos y algunos financieros, y cúpulas gremiales y laborales, han conseguido hacerse con el poder. Y se han hecho con ese poder como nuevos señores feudales que en su territorio tienen fueros propios, reparten favores y prebendas, imponen castigos, inspiran temor, provocan el silencio culpable, logran bloquear las conciencias, en fin, consiguen que todos seamos siervos de la gleba sin poder clamar por justicia, sino por piedad, por favor, volviendo a ser súbditos y no ciudadanos.

Eso es terrible. Y hay que darle la vuelta en bien de la democracia y del Estado de Derecho. Pero lograr la transparencia con nuestras propias fuerzas es tarea imposible en nuestro país. Lograr hacer un análisis completo, coleccionar datos, tener personal suficiente para seguir esos hechos y poder analizarlo, escapa con mucho de la cultura política de nuestro país. Ojalá algún día Transparencia Internacional logre fondos suficientes como para analizar seriamente lo que aquí sucede, y pueda hacer análisis independientes, válidos y por tantos valientes y útiles para mejorar la calidad de nuestra democracia.
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