Correa y Assange, una pareja de hecho
Javier Rupérez
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jruperezelimparciales/9/1/9/21
jueves 16 de agosto de 2012, 19:08h
Las instituciones jurídicas, como tantas otras en la vida de relación humana, son el precipitado de experiencias a las que se pretende responder con un sentido funcional de la eficacia y otro en que se presume su aplicación en buena fe. Son por tanto prescripciones de comportamiento que tienen un valor convencional, que no resisten su transformación en entidades absolutas y abstractas y que deben ser contrastadas con la calidad de las conductas de los que a ellas recurren. Ahora que estamos todavía a vueltas con las bufonadas delictivas de Sánchez Gordillo, bueno será recordar que la inmunidad parlamentaria a la que todavía no ha renunciado está concebida para facilitar la labor de los parlamentarios en tanto que tales, no para otorgarles un manto de impunidad en la realización de fechorías. De la misma manera, la institución de los asilos que reconoce el derecho internacional está limitada al cumplimiento de ciertas y estrictas normas que tienen directamente que ver con la fundamentación de la protección que el asilo pretende otorgar y no con el capricho circunstancial del que lo pide y del que lo otorga. Tampoco el asilo esta diseñado para la protección de delincuentes comunes, por mucho que sus defensores les pinten como perseguidos políticos. Y no hace falta ser un experto en jurisprudencia para saber de que estamos hablando, incluso cuando la logomaquia totalitaria pretende hacer pasar por heroicas conductas liberadoras las que no merecen otra calificación que las que de manera contundente reciben en los códigos penales. La diferencia entra las sociedades democráticas y las que no lo son es que aquellas merecen un bien ganado crédito en la conducción de sus procesos penales, mientras que en las segundas siempre pervivirá la sospecha, cuando no la certeza, de que la ley fácilmente se convierte en un instrumento de persecución y no de retribución.
Que Ecuador extienda asilo diplomático a Julian Assange bajo el pretexto de que es objeto de una persecución política que pone en peligro su libertad e incluso su vida, cuando de lo que se trata es de evitar la extradición de Assange del Reino Unido a Suecia, es un macabro desatino: la justicia sueca, de la que rara vez, se alguna, ha sido puesta en duda su imparcialidad, persigue al australiano para juzgarle por la comisión de delitos sexuales, sin que el tema de los “Wikileaks” que dieran fama al albino personaje sea para nada objeto de la causa que contra él se sigue en el país nórdico. Las posibilidades, también argumentadas en la decisión ecuatoriana, de que Assange acabara en manos de la justicia americana en caso de ser extraditado desde Londres, presuponen que británicos y suecos estarían dispuestos a violar sus propias leyes y reglamentos, cosa que, además de constituir una gratuita ofensa, no resiste el más ligero análisis de la realidad. Poco podrá argumentar Assange en contra de un sistema de garantías que le ha permitido escapar a la justicia sueca durante cerca de dos años. Cuando además su ya inevitable carácter de fugitivo internacional no se ve acompañado de ninguna halo heroico sino del mas prosaico que acompaña a los responsables de agresiones sexuales.
Que el Presidente ecuatoriano Correa haya querido prestarse a esta grosera manipulación es cosa que dice mucho sobre el personaje, aunque todavía poco sobre el oscuro sistema de ventajas mutuas en las que se ha basado esta confederación de intereses compartidos. De momento ha conseguido elevar hasta grados notables la irritación en sus relaciones con Suecia y con el Reino Unido, no se sabe bien con qué propósitos o para qué fines, mientras Assange seguirá previsiblemente recluido en la embajada ecuatoriana en Londres por un tiempo indefinido. Los británicos no aceptarán el asilo diplomático concedido por Quito si bien es harto improbable que decidan acabar con la inmunidad del edificio diplomático. Y bien que podían argumentarlo con la plausible razón de que tal inmunidad no está siendo utilizada para sus fines originarios sino para albergar fugitivos de la justicia. Entre tanto, otra institución venerable del derecho internacional, la de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, se ve sometida a innecesarias presiones en sus mismas costuras. ¿Cuántos no serán los desalmados que en las mismas y otras latitudes pensarán que ellos también pueden hacer de su capa un sayo y repetir con otros la historia de Assange y Correa?
A los totalitarios y sus secuaces se les distingue por su irrefrenable deseo de acabar con la disidencia, coartar las libertades y construir sin fisuras el edificio del pensamiento único. Para conseguirlo no suelen andarse con rodeos ni excusas ni rechazan la participación en el esquema de aliados permanentes o circunstanciales. Por dudosas y malolientes que sean sus credenciales. Si para ello hay que acabar con las convenciones del Estado de Derecho, basta con ponerse a la obra. Si ello se traduce en recortes evidentes para la fiabilidad del sistema internacional, mejor que mejor. Nos queda al menos la claridad del emparejamiento: Correa y Assange. Menudo par de dos.
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Embajador de España
JAVIER RUPÉREZ es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
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