El Gobierno vasco pidió hace un año no dar la tarjeta a los inmigrantes

Así lo argumentó en octubre de 2011 el consejero de Sanidad y Consumo del Ejecutivo vasco, Rafael Bengoa, en respuesta a una solicitud de información del Grupo Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos sobre la tramitación de la tarjeta sanitaria a los extranjeros, según publica La Razón.

Bengoa adjuntaba, como respuesta, una circular dirigida a los responsables de las unidades de Atención Primaria recordándoles que ningún extranjero en situación de estancia -permanencia en España por un periodo de tiempo no superior a 90 días-, y aún estando empadronado, tendrá derecho a la tarjeta sanitaria.

En la comunicación interna, a la que ha tenido acceso Efe, ni siquiera se plantea la posibilidad de prestar asistencia en el Sistema Nacional de Salud a aquellos inmigrantes que, superado ese periodo de tiempo, decidan quedarse en este país en situación irregular. Para los extranjeros que pertenecen a la Unión Europea, se recuerda a los responsables administrativos de la Sanidad pública que "tienen la obligación de traer la tarjeta sanitaria europea, que les da temporalmente derecho a la asistencia".

En cuanto a los que necesitan visado para entrar en la UE, sostiene que deben presentar uno en vigor donde figure el tiempo de su permanencia en España, siendo éste inferior a noventa días. Para ello, deberán acreditar además "medios económicos suficientes" o "un seguro médico" que les proteja durante el periodo que piensen estar en este país. La circular apunta que los extranjeros que no necesitan visado tienen que acreditar que llevan 90 días en la UE y recalca que "no se debe gestionar ni tramitar ninguna tarjeta sanitaria ni la tarjeta provisional de asistencia sanitaria" con validez de tres meses.

Pese a este mandato a los profesionales de Osakidetza, Bengoa ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy en las últimas semanas de romper el modelo de sanidad universal con medidas como la supresión de la asistencia a los inmigrantes sin papeles, que entra en vigor el 1 de septiembre. Precisamente, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, criticó ayer la supuesta "demagogia" de las regiones que han anunciado que mantendrán la asistencia a los inmigrantes ilegales, como el País Vasco, Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias.