Atacando al Congreso

Madrid volvía a ser ayer una vez mas escenario de múltiples manifestaciones, no todas legales. Vía redes sociales se habían lanzado consignas para acudir al Parlamento y presionar así a los diputados, reunidos en pleno. Diputados que lo son en virtud de un mandato popular emanado de las urnas. Es allí donde la ciudadanía pone en marcha el mecanismo de la democracia por el que sus representantes se convierten en depositarios de la voluntad popular. Y ayer, nuevamente, Madrid vivía una batalla campal protagonizada por los mismos alborotadores de siempre, como los que se registraron, por ejemplo, en la sesión de constitución del parlamento autonómico catalán. La imagen que ayer trasladaron de España hacia el exterior no puede ser más nefasta.

Un estado democrático lo es en función de la viabilidad de sus instituciones. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico reserva duras sanciones para todos aquellos que traten de subvertir el normal funcionamiento de la dinámica parlamentaria. La tarea de diputados y senadores debe realizarse sin coacción alguna, por leve que ésta pueda parecer. Y rodear el Hemiciclo coreando consignas amenazadoras no es, desde luego, el mejor servicio que se puede rendir a la democracia.

Durante su etapa en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo ocasión de hacer cumplir la ley desalojando a los antisistema de la Puerta del Sol y otros lugares de España. Así se lo pedían Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Junta Electoral Central. No lo hizo. Algo insólito en las democracias de referencia, donde hubiera desencadenado una crisis constitucional. En España, no pasó nada. Y el resultado a la vista está: de aquellos polvos vienen ahora estos lodos.