Los ciudadanos han de conocer el Patrimonio público

En una sociedad moderna y democrática los ciudadanos deben conocer y ejercer el derecho a saber, y para ello es tan importante como necesario que el Estado les facilite de forma clara e inequívoca el ejercicio del derecho a la información, y en definitiva, a la transparencia, en relación con todos los aspectos que atañen a las instituciones públicas.

El momento actual, en el que se encuentra en tramitación parlamentaria una Ley de transparencia en este país (¡por fin!), es una buena oportunidad para posibilitar legalmente a los ciudadanos información sobre muy numerosas cuestiones de la Administración española, entre las cuales ocupa un lugar importante el conocimiento del Patrimonio público.

En este sentido, la nueva Ley de Transparencia debería resolver el gran problema que constituye la inexistencia actual de información pública sobre el patrimonio (edificios, terrenos, vehículos, bienes muebles y suntuarios etc.) que poseen los más de 21.000 organismos públicos existentes en España. Sería muy importante que este nuevo texto legal estableciese la obligatoriedad de que las entidades públicas publicasen el patrimonio que cada una posee, y que tienen derecho a conocer los ciudadanos.

Aunque no se llegue a cumplir en muchos casos, todas las entidades públicas tienen la obligación de formular un Inventario de bienes y derechos debidamente actualizado, y en este sentido bastaría con que se añadiese un apartado en el capítulo de Publicidad activa del texto legal, añadiendo el requisito de que publicasen dicho Inventario. De esta forma se podría resolver en un corto plazo ese ancestral déficit de transparencia en el sector público español, y poner fin a la preocupante situación actual de que nadie en España conoce el patrimonio global de dicho sector público, al estar los datos realmente aislados y atomizados, obrando sólo en poder de cada una de esas instituciones públicas.

Por otra parte, esta afloración y transparencia patrimonial del sector público permitiría analizar la posible utilización de diversas vías adicionales para actuar económicamente contra la crisis; por ejemplo, desinvirtiendo racionalmente una parte del patrimonio poco productivo de muchas de esas miles de instituciones públicas (o modificando sus condiciones de explotación), ello podría ayudar a disminuir su muy abultado endeudamiento (y las consiguientes cargas presupuestarias por intereses para los ciudadanos), entre otras posibles actuaciones económicas y/o financieras al respecto.

En resumen, resulta hoy día fundamental hacer transparente el patrimonio de las instituciones públicas en España, en primer lugar, para dar cumplimiento efectivo al derecho a saber de los ciudadanos, y por otra parte, para que se pueda eventualmente alcanzar una mayor eficiencia económica al llegarse a conocer y controlar públicamente dicho patrimonio.