Hacienda denuncia que no se hace lo suficiente contra el fraude

Con las arcas públicas tan deterioradas, la lucha para aflorar la economía sumergida es uno de los principales cometidos del Ejecutivo, comprometido a cuadrar las cuentas. Este mismo martes, el Congreso aprobaba la ley de lucha contra el fraude fiscal, que establecía algunas medidas como limitar los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, la exclusión del régimen de módulos para actividades donde se detectan nichos de fraude o la obligación de declarar bienes, cuentas bancarias y valores depositados en el extranjero. Hasta el momento, el ministerio de Hacienda ha presentado un balance desigual en lo que a la lucha contra el fraude y la economía sumergida se refiere.

Por un lado, el ministro Cristóbal Montoro anunció que lo recaudado gracias a la lucha contra el fraude fiscal superó en un 25% el objetivo presupuestado para el primer semestre de 2012, en concreto, 5.838 millones de euros.

Por otro, el Ministerio ha dejado de hacer públicos los datos de recaudación mediante la ‘amnistía fiscal’, tras conocerse que apenas se habían recaudado tan sólo 50,4 millones hasta julio, lo que supone tan sólo el 2% de lo que se espera recaudar en el conjunto del año. En total, el Gobierno espera recaudar unos 2.500 millones de euros mediante esta medida. Si bien es cierto que el dato que se conoce apenas contempla un mes de vigencia de la ley de amnistía fiscal, ya que se aprobó en marzo, parece que esta medida excepcional no está surtiendo el efecto deseado. El principal partido de la oposición, el PSOE, ya ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional y ante la Audiencia Nacional, un factor que quizá está desmotivando a los defraudadores a acogerse a la amnistía, hasta que se sepa si esta acción legal prospera o no.

Otro dato que se conocía esta misma semana es la afloración de 52.453 puestos de trabajo sumergidos hasta agosto, gracias al plan contra el empleo sumergido, lo que supone un 14,5% más que los que se descubrieron en los ocho primeros meses del año pasado. Gracias a la medida se recaudaron unos 643 millones de euros adicionales, que suponen 6,6 millones más que el año pasado.

¿Cuánto dinero negro hay en España?
A pesar de estos éxitos relativos, las cantidades de dinero que escapan al radar de la Hacienda pública se antojan todavía excesivamente grandes. No hay cifras oficiales. El Instituto de Estudios Fiscales ha confirmado a este diario que no poseen datos sobre la economía sumergida en España, pero los diversos estudios emprendidos muestran que la cantidad oscilaría entre un 20 y un 25% del PIB, lo que suponen entre 200.000 y 250.000 millones de euros.

En concreto, un estudio de Funcas revelaba que el dinero negro en España alcanzaba la cifra del 23,7% del PIB. El sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha calculado que la economía sumergida en España es relevante macroeconómicamente. Asciende a 244.134 millones de euros, lo que supone casi una cuarta parte del PIB español.

En declaraciones a este diario, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha denunciado la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos para acabar con este problema. Cruzado afirma que la presión fiscal sobre esa cantidad de dinero supondría unos ingresos de 88.000 millones anuales para las arcas del Estado. Y asegura que al equipararse con la media europea en cuanto a niveles de dinero negro supondría recaudar 38.000 millones de euros, una cantidad que serviría por sí sola para pagar los intereses de la deuda española.

En cuanto a las medidas que proponen, Cruzado explica que echan en falta una estimación oficial, coordinación entre administraciones, una mayor investigación, mayores atribuciones para los 8.000 técnicos de Hacienda de que dispone el Estado o una gran reforma de la Agencia Tributaria. “Hay que ir a por los defraudadores”, apostilla.

Otras de sus propuestas han sido incluidas en la ley contra el fraude fiscal aprobada en el Congreso, como la limitación de los pagos en efectivo o las exclusiones de algunos sectores del régimen de módulos, aunque a juicio de Cruzado “la ley se queda corta” en este aspecto, que en ocasiones permite desgravar mediante facturas falsas.

Además, también denuncia un doble trato “entre los ciudadanos de a pie y las grandes empresas y patrimonios”. Son las luces y sombras de la lucha contra el fraude fiscal en un momento en que uno de los principales objetivos del Gobierno es cuadrar los ingresos y los gastos de las cuentas públicas para cumplir con los objetivos de déficit comprometidos para este año y los siguientes.