Listas abiertas: Más Placebo que remedio

Los efectos de la crisis económica, ya mucho más hondos que los propios de una coyuntura pasajera, se solapan con otra crisis de orden específicamente político. Las raíces y manifestaciones de la misma son múltiples pero una de sus más evidentes consecuencias es la desafección entre parte de la opinión respecto a los mecanismos de representación política y sus agentes prioritarios, los partidos. Indudablemente los propios partidos no han perdonado esfuerzo para merecer la desconfianza y la enemiga no sólo entre sectores radicales sino también entre parte de los más templados. La convicción de que quienes actúan en ellos constituyen un clan con intereses espurios opuestos al interés general será muy difícil de modificar y alimenta actitudes más o menos coherentemente anarcoides de indiferencia o menosprecio hacia las instituciones en su conjunto. El hecho es que el nuestro, como el de casi cualquier otra democracia europea actual, es un Estado de partidos, en el sentido técnico del concepto, y la erradicación de los denostados partidos actuales vendría seguida por la aparición de otros que reproducirían los mismos o muy parecidos vicios, porque la representación política efectiva no parece posible en las sociedades complejas sin los partidos políticos como instrumento.

Una corriente de opinión que se hace sentir incide en que tal vez los partidos como institución sean ineludibles, pero sí resultaría posible y saludable cercenar su capacidad decisoria sobre la expresión de la voluntad general a través de los procesos electorales, y cada vez más voces piden la reforma de la ley electoral. La vigente, aunque con repetidas modificaciones y retoques, tiene bien cumplido el cuarto de siglo y en términos puramente abstractos podría perfeccionar muchos de sus elementos básicos. Cuáles y para qué es ya más difícil de determinar, porque mal que bien la ley electoral ha combinado razonablemente los dos rasgos propios de estas normas en democracias como la nuestra: garantizar la representación de las opciones políticas de mayor implantación y garantizar la estabilidad de los gobiernos de base parlamentaria. Los reproches más habituales suelen centrarse en la formula electoral que la ley establece, es decir el mecanismo en virtud del cual un determinado número de votos se transforma en un determinado número de escaños, en nuestro caso la formula D’ Hondt que garantiza la proporcionalidad con un cierto refuerzo de las opciones más votadas. Otras fórmulas anulan ese refuerzo y pueden hacer más difícil la consecución de mayorías, lo que suele tener como consecuencia la formación de coaliciones parlamentarias donde partidos con pocos votos obtienen influencias desproporcionadas. En nuestro sistema de partidos, con formaciones de beligerante deslealtad al orden constitucional o simplemente oportunistas no parece una opción deseable y que pueda favorecer la estabilidad.

El otro gran reparo que comúnmente se hace tiene que ver con la estructura del voto, con el hecho de que se eligen no exactamente candidatos, individuos, sino candidaturas en forma de lista cerrada y bloqueada. El elector no puede más que elegir entre las candidaturas que los partidos presentan, sin capacidad para excluir o anteponer a nadie que figure en ellas ni combinar candidatos de diferentes listas. Puede resultar irritante esa capacidad de los partidos para disponer quién podrá ser elegido, más sabiendo los criterios que suelen determinarlo, y de ahí la reclamación de listas abiertas, pero no es algo irrazonable ni fácilmente enmendable. Allí donde hay listas abiertas o semiabiertas las opciones de los electores pueden ser erráticas (por ejemplo, con desproporcionada presencia de candidatos cuyos nombres empiezan con las primeras letras del abecedario cuando se presentan todos ordenados alfabéticamente al elector), o con número elevado de votos que no completan todos los nombres de la lista, y con mayores índices de abstención o voto nulo. Las listas abiertas pueden ser razonables para un electorado informado y motivado, que no es lo habitual, al menos en nuestro caso; la población en su conjunto no sigue la información política, se interesa por cuestiones electorales sólo ocasionalmente y suele preferir opciones fácilmente identificables y simples. Por otro lado, en España hay listas abiertas en las candidaturas al Senado y los resultados suelen calcar los obtenidos por las candidaturas al Congreso en listas cerradas y bloqueadas, de modo que no hay ninguna garantía de que otra estructura de voto modificase drásticamente las tendencias del electorado y los resultados.

Hay mucho de arbitrismo político en esas pretensiones de cambio del sistema electoral, porque el problema no es tanto de técnica, de procedimientos y fórmulas, sino de cultura política. Los partidos se sentirán impunes en su displicencia mientras no haya en número suficiente electores dispuestos a votar por lo que los partidos hagan en vez de por lo que son o lo que representan. Haría falta para ello menor polarización, mayor solidez en el compromiso con los consensos básicos y muchas menos actitudes cainitas. No parece que los vientos soplen por ahí, y suponer que las listas abiertas cambiarían a fondo la situación es casi pensamiento mágico. Como creer que el bálsamo de Fierabrás lo curaba todo.