La constitucionalidad del copago farmacéutico

El Consejo de Estado propinaba ayer un serio revés a las aspiraciones de la Comunidad de Madrid a la hora de implantar un euro por receta, tildando dicha medida de inconstitucional, pues “contraviene el orden constitucional de distribución de competencias”. Hay que decir que Madrid no es única en este punto, ya que Cataluña lleva con el copago farmacéutico desde el pasado verano. El dictamen, solicitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que el Gobierno pueda promover recurso de inconstitucionalidad contra la medida en cuestión no es vinculante, conviene recordarlo. En cambio, sí suele tener un peso específico importante lo que en él se diga. Y en esta ocasión no puede ser más claro.

Pero el dictamen no sólo cita los preceptos a tenor de los cuales “existiría fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad”. Puntualiza, además, que corresponde al Estado promover la unidad en las condiciones de acceso a los fármacos “con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la inclusión de factores de desigualdad en la protección básica de la salud”, estimando que el copago implicaría “sin duda” una desigualdad entre los beneficiarios de esta prestación.

Todo este asunto pone de relieve una vez más que algo no funciona en el estado de las autonomías, ya que ni Artur Mas ni Ignacio González parecen querer dar su brazo a torcer ante lo que consideran “competencias exclusivas y legítimas”. A nadie escapa la necesidad de implementar criterios de austeridad, pero no a costa de romper -más- la igualdad entre españoles en una materia tan delicada como es la sanidad. El Estado debe hacer valer su autoridad en cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía, que no a territorios concretos.