Gallardón: las tasas de la injusticia

Pocas veces una ley ha sido tan contestada como la que regula las nuevas tasas judiciales. Se da la circunstancia, además, de que quienes la contestan del modo más unánime son precisamente los que se dedican al derecho. Y es que la totalidad de asociaciones de jueces y fiscales, colegios de abogados de toda España, secretarios judiciales y procuradores se oponen de manera frontal a una iniciativa que además de negativa es una auténtica chapuza en lo que a su puesta en práctica se refiere. Ya lo avisó el Consejo de Estado allá por julio: para implementar esta ley hacían falta reglamentos que la desarrollasen y algo tan sencillo como una orden ministerial que dispusiese los formularios adecuados para abonar las tasas.

Nada de eso se ha hecho. Alberto Ruiz Gallardón ya parecía disfrutar siendo el foco de la polémica en sus tiempos de alcalde de Madrid. Sin embargo hasta ahora, en Justicia, llevaba una ejecutoria tan positiva como discreta. Hasta ahora. Vaya por delante que los 4.000 millones de euros que pagamos cada año por el funcionamiento de la administración de justicia es una cifra considerable. Pues bien, se estima que con la actual ley de tasas, el ahorro no superaría los 300 millones y, en cambio, generaría una serie de perjuicios económicos y de otra índole a quien tuviese que hacer uso de sus servicios.

Por ejemplo, si alguien considera injusta una multa de 100 euros impuesta por Tráfico, y tras agotar la vía administrativa, quiere recurrirla, le costará 200 euros; dinero que en ningún caso recuperaría aunque los tribunales le diesen la razón. Si no es así y el ciudadano pretende seguir recurriendo, las tasas ante el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad ascenderían a 800 euros y 1.200 si llega hasta el Supremo. Hay muchos más casos, tan sangrantes como intolerables. La justicia no es un capricho, sino una necesidad. E imponerle un afán recaudatorio -porque ese y no otro es el fin último de esta ley de tasas- es de todo punto inaceptable.