Que se pongan en huelga los autores de las normas

El souflé jurídico español está tan abultado de nata que no hay quien se lo coma; tan variados cocineros que han intervenido en su elaboración, provenientes de tantas escuelas incompatibles entre sí, han salpicado de ingredientes contradictorios el plato, que ha quedado insaboro e incoloro. El libro de cocina de Simone Ortega tiene la palabra perfecta para definir el destino de la receta: ¡un churro!

Es cierto que un ilustre jurista, de los que vivían bien de la minuta, patentó aquella frase que ha hecho de los Abogados un gremio vilipendiado por la chanza: “A más confusión, mas minutación”. Pero más allá de bromas de mal gusto, el ordenamiento jurídico debe estar presidido por unos principios que son los mismos que inspiran la gastronomía: unidad, completud, seguridad, racionalidad, coherencia… y por supuesto, sencillez y austeridad.

Los poderes normativos se han educado en la abundancia (cuantas más normas, mejor), en el barroquismo (cuanto más rimbombantes las normas, mejor), en la literatura realista (cuanto más descriptivas y noveleras y menos imperativas, mejor), en la gramática parda (cuanto más errores de construcción, mejor), en el esoterismo (cuanto más oscuras, mejor) y en la mutación genética (cuánto más antinomias y desajustes internos, mejor). En fin, las normas están hechas para listos, pero resulta que los destinatarios somos todos, incluso personas que carecen del talento de los autores de esas normas.

La diarrea legiferante imparable ha conseguido que hagan aguas los dos principios a los que el Derecho debe responder: la idea de justicia (en el sentido de dar a cada uno lo que le corresponde) y la certeza ordenadora (el saber a qué atenerse en cada momento). Ya escribió el maestro Recasens Siches que “no puede haber una situación de justicia sin que exista una situación de seguridad”.

Llegados al punto sin retorno alcanzado no hay más remedio que llamar a una empresa de demolición –previa convocatoria del consabido concurso público- y con una grúa acorazada derribar el ordenamiento vigente para, sobre sus cenizas, construir uno nuevo.

También cabe llamar al lavandero para que someta a centrifugación, a alta temperatura, los centenares de miles de normas que desgobiernan el Estado. Ante tal acumulación normativa la consecuencia es el desorden y el propio incumplimiento de las normas del que el Estado (y los entes que lo integran) es el primer responsable, pues se desmarca con una facilidad y desparpajo increíble.

Después de pasar por la lavadora habrá que llamar a contrastados arquitectos para que inicien una nueva Codificación.

El “orgullo” y prurito normador de los poderes públicos en dictar novedosas normas y textos respecto de los predecesores en los cargos, ha degenerado en un ordenamiento desmedido e imposible, en un infierno jurídico, consiguiendo la degradación del Estado de Derecho.